Irregularidades y escándalos económicos

Irregularidades y escándalos financieros han salpicado la actuación de varios Gobiernos regionales. Las comunidades de Cantabria y de Baleares, dirigidas por el centro derecha, y las de Murcia y Extremadura, en manos socialistas, se han destacado en ello. No es fácil distinguir cuánto hay de inexperiencia y cuánto de actuaciones fraudulentas o dolosas en esos hechos.En Cantabria, los escándalos han menudeado en la adquisición de solares y edificios. Así, la Diputación compró en 1985 el antiguo palacio del Marqués de Comillas por bastante más dinero de los 50 millones que su propietario, Alonso Güell Martos, marqués de Comillas, había pedido dos años antes al primer presidente regional, José Antonio Rodríguez (PDP). Su sucesor, Angel Díaz de Entresotos (AP), cerró la operación de compra por 70 millones.

Para colmó de males, el marqués de Comillas declaró judicialmenté que él no había cobrado 70 millones, sino 60, lo cual fue interpretado en el sentido de que había "tela marinera por debajo". El marqués aclaró después que probablemente no había recordado bien la Cifra y que todo se debía a un error.

Una comisión investigadora del Parlamento regional no pudo determinar, sin embargo, sobornos o comisiones en el asunto del palacio. Únicamente puso de manifiesto que la Diputación había incurrido en negligencia y había hecho una inversión probablemente innecesaria.Transcurrido más de un año desde la compra, no se ha instalado en el mismo el archivo histórico, contra lo anunciado.

Otra controvertida adquisición fue la de un solar contiguo a la sede del Gobierno cántabro, destinado a la ampliación de servicios administrativos. Se compró en 202,8 millones de pesetas dos años después de que el mismo solar hubiera sido ofrecido por la mitad de dinero al anterior presidente, José Antonio Rodríguez, según confiesa este último.

Los propietarios del terreno pedían 110 millones de pesetas en 1983. Al transcurrir el tiempo sin que se produjera una decisión de compra, el solar fue vendido a una inmobiliaria, Promotora Cissan, en 95 millones, en mayo de 1985. Esta empresa acudió al Ayuntamiento de Santander y obtuvo una licencia de construcción de 37 viviendas. Fue entonces cuando la Diputación decidió comprarlo. La operación se acordó con urgencia, sin que existieran los preceptivos informes técnicos, que se emitieron 18 días después de adquirido el solar, según la comisión investigadora.

"De las averiguaciones realizadas por la comisión de investigación", se lee en las conclusiones aprobadas por el Parlamento, "parece desprenderse que la existencia de una licencia concedida por el Ayuntamiento aumentó el precio". Juan Hormaechea, actual alcalde de Santander y candidato de AP a la presidencia del Gobierno regional, considera correcta la cifra pagada. En conversación con este periódico, Hormaechea dijo que "el propietario habría conseguido mucho más con otros proyectos, puesto que se trata de un solar en pleno centro de Santander". También dio a entender que no ve necesario construir una gran sede para el gobierno regional.

El Gabinete autónomo de Baleares ha sufrido también investigaciones parlamentarias. Jerónimo Saiz, consejero de Obras Públicas, perdió un puesto de ingeniero en el Ayuntamiento de Calviá, tras haber optado al mismo con fraude de ley. Según una sentencia judicial, dimitió de su cargo en el Gobierno para tomar posesión del cargo municipal, y al día siguiente, con la plaza ya en propiedad, volvió a ser nombrado consejero de Obras Públicas.

El presidente balear también ha sido acusado de conceder la mayor parte de las obras de adjudicación directa a Construcciones Tarcel, empresa de la que había sido accionista antes de acceder a la presidencia (entonces se llamaba Promociones Zeus), y en la que fue sustituido por una cuñada. No se apreciaron responsabilidades jurídicas; "otra cosa serían las responsabilidades políticas", según un alto cargo de AP.

Un prodigioso negocio

Extremadura es otra de las regiones donde se han producido confusas situaciones. La más llamativa, es la empresa mixta Eurohard, formada con un capital inicial de 70 millones de pesetas aportados por la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres, más avales bancarios de ambos organismos. Actualmente debe 900 millones de pesetas a los bancos.

Eurohard llegó a Extremadura de la mano de Eduardo Merigó, actual presidente de Visa España. Según el presidente regional, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, la oferta consistía en montar micro-ordenadores con componentes importados de la matriz británica; pero el plan consistía realmente, según Merigó, en comprar -"a precio de saldo 150 millones de pesetas"- una planta que había cerrado en el Reino Unido e instalarla en Cáceres.

Tras un gran montaje propagandístico, Merigó y Rodríguez Ibarra propusieron a José María Calviño la comercialización de los ordenadores con la marca TVE, a lo cual se negó el ex director de Televisión. También intentaron que el Ministerio de Educación comprara ordenadores para la enseñanza, lo cual tampoco cuajó. Sin mercado posible para una tecnología de saldo Eduardo Merigó dimitió y la empresa pública Sodiex amplió capital y se hizo cargo de los 34 trabajadores.

Actualmente, la situación es desesperada: el consejero de Industria, Antonio Rosa, se ha dirigido a los bancos para recomendarles que se olviden del cobro de la deuda, porque "la empresa no podrá nunca generar beneficios suficientes para pagarla". Lo único que podrán cobrar los bancos, por lo que parece, son los 100 millones avalados por la Junta de Extremadura. Antonio Rosa atribuye la situación a "la nefasta actuación, bordeando el delito, de la iniciativa privada que puso en marcha Eurohard", mientras el presidente Rodríguez Ibarra dice: «¿Cómo íbamos a sospechar de un señor como Eduardo Merigó?". Este último atribuye el fracaso a la pérdida de la campaña de 1984, "que fue un año clave para los ordenadores", y a la "falta de sensibilidad de instituciones que deberían introducir los ordenadores en la enseñanza".

A todo ello hay que sumar los conocidos escándalos de Murcia, que provocaron la caída del anterior presidente regional, Andrés Hernández Ros, tras haberse embarcado en proyectos empresariales ruinosos para la comunidad, entre ellos la cría de langostinos en el Mar Menor y el pimiento liofilizado.