Negociaciones fuera del parlamento

C. M. / G. MLa regulación legal de la deducibilidad de las dotaciones de la banca para complementar futuras pensiones ha seguido un largo y tortuoso camino. Sectores como la patronal bancaria, la UGT, el Banco de España y la Administración han protagonizado un tenso tira y afloja fuera del Parlamento.

Las tensiones llegaron al extremo de que, cuando estaba a punto de aprobarse el proyecto de Ley de Pensiones en el Senado, se llegó a barajar desde el Ministerio de Economía la posibilidad de una nueva retirada del texto. Pero la fuerza política de Carlos Solchaga, mermada por los enfrentamientos con UGT y un sector del PSOE, desaconsejó un efecto sopresa de esta magnitud.

Con la espada de Damocles del recurso ante el Tribunal Supremo presentado por la AEB, Hacienda ofertó a la banca la posibilidad de que estas dotaciones fueran neutrales desde el punto de vista fiscal, siempre que se adaptaran a la nueva ley. A finales de 1986, el secretario de Estado de Hacienda, José Borrel, convocó una reunión en la que participaron el presidente de la AEB, Rafael Termes, y su asesor, Enrique Piñel. Allí Borrel ofreció un sistema para constituir planes de pensiones para los trabajadores pasivos a la entrada en vigor de la Ley con los fondos ya formados, dándole la fórmula de planes asegurados o mediante el pago directo ejercicio a ejercicio, sin carga fiscal para el asegurado. En este sentido se acordó remitir al Congreso una enmienda.

En aquel momento Economía entró en juego -entonces era secretario de Estado, Miguel Ángel Fernández Ordóñez-, y consiguió que el Grupo Socialista asumiera sólo una parte de la enmienda. Según algunas fuentes., fue una pequeña venganza de Fernández OrdóBez, por el protagonismo de Borrel en la tramitación, fuera del Congreso, del proyecto. También influyó el reparo por parte de algunos de los integrantes de la mayoría socialista en el Congreso -entre ellos, destacados miembros de la UGT, como Justo Zambranaen "hacer lo que la banca diga".

Reflejos socialistas

Como reflejo, el PSOE decidió entonces introducir una salvedad: las dotaciones realizadas después del 17 de septiembre de 1986 debían estar predeter minadas en su cuantía. Pero en plena discusión parlamentaria, el Banco de España emitió su segunda circular que venía a negar la participación de los trabajadores en la gestión de los fondos. Esto sentó como un tiro en medios socialistas.. Entonces Termes dirigió una carta a Borrel para expresarle preocupación por la enmienda final, aunque reconocía esperar la "buena voluntad" de Hacienda al interpretarla.