Hacienda mantiene que la banca le debe casi 100.000 millones por deducciones indebidas

Bancos y cajas de ahorro se han ahorrado casi 100.000 millones de pesetas en impuestos, contra el criterio de Hacienda, incapaz de levantar actas de inspección por este asunto, según fuentes del fisco. El sector financiero se ha deducido durante los cinco últimos años de la base del impuesto sobre beneficios (un 35%) hasta 318.500 millones de pesetas, cantidad guardada para complementar las pensiones comprometidas con su personal.

Las discrepancias entre la banca y Hacienda por este caso se iniciaron en 1982. Pero han alcanzado ahora su máximo exponente, al trascender que en las próximas declaraciones del impuesto sobre sociedades que examinará el fisco -relativas a 1986- los banco! y cajas se deducirán por fondos de pensiones 200.000 millones de pesetas. Esta cifra, casi el doble que en todos los cuatro años anteriores, procede de datos del Banco de España, resumidos en el cuadro adjunto.Pese a las presiones de la banca, el asunto ha tratado de ser resuelto por el Grupo Socialista, sin menoscabo de las posiciones de Hacienda, durante el debate del proyecto de ley de planes y fondos de pensiones, aprobado la pasada semana por el Senado. Pero sobre el fondo del pleito antes debe pronunciarse el Tribunal Supremo, ante el cual recurrió la patronal bancaria una orden ministerial del primer Gobierno socialista (28 de octubre de 1983) que anulaba otra publicada por el último de UCD el 3 de noviembre de 1982 (después de las elecciones en que ganó el PSOE y antes de la transmisión de poderes), la cual recogía las pretensiones de la banca.

Hacienda mantiene que gran parte de las dotaciones realizadas a fondos de pensiones está al margen de las condiciones de deducibilidad. Sin embargo, no ha podido levantar actas de inspección, porque la Sala de lo Contencioso suspendió la anulación de la orden del último Gobierno de UCD, hasta que se pronuncie sobre el fondo del asunto el Tribunal Supremo. En esencia, el fisco opina que sólo son deducibles las dotaciones a fondos de pensiones que se deriven de pactos con el personal y en cuya administración éste tenga algún control. Este no es él caso de una amplia mayoría de dichos recursos, según fuentes de'Hacienda y del Grupo Socialista.

Circulares

Eludiendo el fondo de la polémica, el Banco de España dictó el pasado año dos circulares que obligaban a bancos y cajas a tener cubiertos, antes de diciembre de 1987, los compromisos de complementar las pensiones de la Seguridad Social hasta el 100% de su último sueldo.con el personal pasivo. Las circulares daban un plazo de hasta seis años para dotar suficientemente los compromisos adquiridos con el personal activo. Lejos de limitarse a cumplir tales normas -carentes de virtualidad fiscal, según Hacienda-, muchas entidades se han adelantado a estos calendarios con las bendiciones del banco emisor. Por ello, se han disparado las dotaciones de 1986. para mayor disgusto de Hacienda.

Esta fuerte acumulación del dinero guardado para atender futuras pensiones no sólo ha permitido una reducción de la tasa de aumento de los beneficios contables del sector: 237.300 millones de pesetas los bancos (un 16,7% de aumento sobre 1985), y 131.500 millones las cajas (un 11,5% más). También ha provocado, en consecuencia, una minoración de las cifras de impuestos a pagar. Las cajas han revilto entregar al fisco por su impuesto de sociedades corresponmdiente al pasado año 22.600 millones, frente a los 22.000 millones del ejercicio anterior. Los bancos, 60.500 millones, mientras que por 1985 pagaron 47.800.

En este contexto, el proyecto de ley de planes y fondos de pensiones aprobado por el Congreso y el Senado ofrece una solución para que el fisco imponga sus criterios y la banca pueda deducirse gran parte del dinero destinado a pensiones. La ley concederá el plazo de un año desde que entre en vigor su reglamento (previsiblemente, a principios de 1987) para que las empresas que tengan todavía en su. balance las dotaciones pa.ra pensiones las saquen.del mismo y las sitúen en un fondo de pensiones legalmente constituido, si quieren deducir tales cantidades.

Pero ello implica que los trabajadores de la banca podrán decidir en el futuro sobre la gestión inversora de tan ingentesrecursos. De ahí que tales disposiciones choquen también con la línea defendida por la ,banca ante Hacienda y diversos grupos poxIamentarios. Bancos y cajas quieren deducirse al realizar la dotación, y no al poner el dinero en los fondos de pensiones que constituyan de forma independiente de su patrimonio. De paso, tratan de evitar que los trabajadores tengan mayoría en la gestión inversora de dichos recursos.

Si se mantiene el texto actual y el Tribunal Supremo desestima el recurso á la banca, los citados 320.000 millones de pesetas deberán pasar a fondos de pensiones, momento en el que Hacienda admítiría la deducibilidad hasta ahora no reconocida. Por el contrario, si el alto tribunal rechaza la posición del fisco, bancos y cajas pueden mantener las deducciones practicadas sin el cánsentimiento de Hacienda y, transitoriamente, seguir con dichos recursos en sus balances. Pero los legisladores pretenden que dentro de poco más de año y medio dicho dinero pase a los fondos de pensiones independientes del pasivo y del activo de la banca, aun a riesgo de que una sentencia adversa a Hacienda provoque la doble deducibilidad: en el momento en que la practicaron y cuando pase a los nuevos fondos.