La ley de 'obediencia debida' argentina, estancada

El Senado argentino postergó la votación del proyecto de ley que regula la obediencia debida en las Fuerzas Armadas. Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Defensa y Legislación General, demoraron su dictamen y aún no se inició la sesión de debate a pesar del interés personal del presidente Raúl Alfonsín, quien deseaba que se apruebe "cuanto antes" el texto que envió al Congreso.

El partido en el Gobierno no tiene, como en la Cámara de los Diputados, mayoría propia en el Senado. Sólo cuenta con 18 senadores radicales, y necesita seis votos más para alcanzar la mitad más uno. Las alianzas posibles con los bloques de los partidos provinciales se rompieron cuando empezaron a hacer efecto las intensas presiones militares. Los generales retirados Antonio Bussi y Llamil Reston, que ocuparon altos cargos durante la dictadura, se reunieron con varios de ellos para imponer al texto del proyecto un párrafo que absuelva de culpa también a los mandos superiores hasta el grado de general de brigada en el Ejército de Tierra y su equivalente en las otras fuerzas. Con esa modificación la ley se convertiría en la práctica en una amnistía de la que únicamente quedarían exceptuados los miembros de las dos primeras juntas militares de los actuales jefes de Estado Mayor de los Ejércitos de Tierra y Aire, el general José Caridi y el brigadier Ernesto Crespo, participaron también en encuentros con legisladores y funcionarios del Gobierno. El ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, se reunió con el pleno del Senado en una sesión secreta pedida por los jefes de la oposición. Durante tres horas, el ministro, acompañado por Facundo Suárez, jefe de los servicios de inteligencia, explicó a los senadores la necesidad de sancionar con urgencia la ley. Les recordó que actualmente hay 234 oficiales involucrados en procesos penales, de los que se ha citado a menos de 50. De aprobarse la ley, los juicios se reducirían a 80 casos, en los que hay sólo dos militares en activo. El senador peronista Juan Carlos Romero le preguntó si el Gobierno tenía garantías de que "detrás de esta ley no se venía una escalada proamnistia", y el ministro aseguró que "hay importantes sectores de las Fuerzas Armadas que han dado su con sentimiento".

Traba formal

La traba que sufre la ley en el Senado es más de forma que de fondo. Si la Cámara Alta modifica el texto, el proyecto regresa a la Baja, donde los diputados se han comprometido públicamente a rechazar las enmiendas. Se produciría entonces un nuevo debate, donde el radicalismo podrá imponer finalmente su mayoría propia. De acuerdo con el reglamento parlamentario, los diputados tienen, en este caso, la última palabra, porque el poder Ejecutivo envió su proyecto a esa Cámara.Queda claro así que las posiciones en el Senado no responden a una estrategia en particular. El peronismo, que podría alcanzar teóricamente la mayoría, está dividido en ocho bloques que no tienen proyectos comunes. Los partidos provinciales se han volcado a favor de incorpo rar el párrafo redactado por los militares para convertir la ley en una amnistía aún más amplia. El bloque de senadores radicales se mantiene unido sólo por "obediencia debida" al presidente de la nación y jefe del partido, Raúl Alfonsín. En privado, la mayoría de ellos admite que este proyecto tampoco va a acabar con los planteos de las Fuerzas Armadas.

Los partidos de izquierda, sin representación parlamentaria, y las organizaciones defensoras de los derechos humanos reunieron a más de 10.000 personas en una manifestación que se realizó el miércoles por la noche frente al edificio del Congreso. Desde el improvisado palco, montado sobre la caja de un camión, los organizadores denunciaron que, de aprobarse el proyecto de ley, quedaría absuelto, entre otros, el capitán de navío Alfredo Astiz. Si además se incorpora la enmienda que proponen los militares, la amnistía alcanzaría a cubrir también al general Ramón Camps, conocido como El carnicero de Buenos Aires.