Descontento militar por la ley de 'obediencia debida' aprobada en el Parlamento argentino

CARLOS ARES La Cámara de los Diputados del Parlamento argentino aprobó en la madrugada de ayer, por 115 votos a favor, 59 en contra -entre ellos los diputados peronistas y tres radicales- y una abstención, el proyecto de ley que reglamenta la exculpación, por obediencia debida, de los oficiales de baja graduación que participaron en la guerra sucia. Mientras se desarrollaba la sesión, el diputado peronista José Luis Manzano informó a la Cámara de la presentación que hizo ante el juez el cabo de la policía Norberto Cosani, condenado a cuatro años de prisión, quien se negó a ser puesto en libertad en las condiciones en que marca la ley de "pacificación nacional" presentada por el presidente Raúl Alfonsín y aprobada por la Cámara.

El debate de esta ley pasa ahora al Senado, donde el radicalismo tendrá el apoyo de los partidos provinciales para lograr nuevamente la mayoría.En el caso del cabo Cosani, al que se le probó su participación en secuestros y torturas, el Tribunal Supremo de Justicia iba a aplicar el criterio de la obediencia debida, según el reciente dictamen del procurador general de la nación, en el que se basó también el proyecto de Alfonsín. El abogado de Cosani había reclamado que: se contemplara ese argumento, pero ahora el propio Cosani ha firmado un escrito en el que rechaza la absolución por obediencia debida porque, asegura, "significaría consentir una condena moral".

La reacción de Cosani, un cabo que actuó entre 1976 y 1978 a las órdenes del temible general Ramón Camps, cuando éste fue jefe de la policía en la provincia de Buenos Aires, confirma cuál es la nueva estrategia común de los militares acusados o no por su participación en lo que ellos Haman la "gloriosa guerra contra la subversión".

Los militares no aceptan la anulación de los procesos judiciales contra ellos por las causas incluidas en el proyecto del presidente de la nación. Insisten en que ellos no fueron "autómatas", que actuaron con plena responsabilidad, y reclaman, a cambio, una ley por la que se juzgue a los altos mandos que diseñaron la estrategia de la guerra sucia. Creen que así sólo se condenaría a las dos primeras juntas militares -ya juzgadas y en prisión- por sus errores políticos" en la conducción de la represión desatada entre 1976 y 1983, pero no a los oficiales, que no cometieron errores en la aplicación de las órdenes que recibían.

El diputado Manzano concluyó su intervención en el debate advirtiendo sobre la ineficacia de este nuevo intento del poder ejecutivo para resolver el problema militar. En un tono dramático, el joven legislador peronista presagió "días difíciles" ante la posibilidad de que "la injusticia desate otra vez la violencia". El peronismo, en su condición de partido mayoritario de la oposición, propuso la discusión de un nuevo proyecto elaborado con la participación de todos los partidos.

Votación urgente

El jefe del bloque radical, César Jarovslasky, se mantuvo en permanente contacto con el presidente Alfonsín y dio instrucciones precisas a sus diputados para que se limitaran a sostener la posición del poder ejecutivo sin entrar en discusiones que impidieran la votación ese mismo día. El partido en el Gobierno deseaba tener al menos la sanción de los diputados -donde impuso su mayoría propia- antes de que se celebre hoy el Día de la Armada Argentina.

El próximo plazo para el Gobierno se extiende hasta el 29 de mayo, cuando el jefe de Estado Mayor del Ejército, general José Caridi, debe pronunciar su discurso en el Día del Ejército. Caridi se reunió el viernes con los jefes de la primera brigada de caballería blindada en la provincia de Buenos Aires para conocer -según la información oficial- su "estado anímico".

El debate en la Cámara de los Diputados concluyó con un acuerdo entre radicales y peronistas. El partido en el Gobierno aceptó la propuesta de integrar una comisión con diputados y senadores de la oposición para elaborar juntos la política militar que el Gobierno aplicará en el período que le resta de gestión.

Una vez votado el proyecto de ley, a las dos de la madrugada del sábado, un grupo de madres de Ia Plaza de Mayo que había asistido en silencio desde los balcones de la Cámara durante toda la sesión, comenzó a insultar a los diputados.