Los bancos harán la devolución de los 50.000 millones de la contribución urbana

El Ministerio de Hacienda está negociando con los bancos la comisión que éstos cobrarán por llevar a cabo la devolución de los 50.000 millones de más cobrados en exceso por los ayuntamientos en los tres últimos años. El Gobierno ha optado porque sean las entidades de crédito las que realicen estos pagos, según declaró el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, para evitar "provocar una catástrofe administrativa.

El Ministerio de Hacienda ha tenido ya varias conversaciones con el Consejo Superior Bancario, pero falta reunir a las instituciones financieras para fijar la comisión que éstas exigirán por realizar las gestiones.Los ciudadanos afectados por esas subidas de la contribución urbana efectuadas por un gran número de ayuntamientos, que el Tribunal Constitucional dejó sin efecto, afectan a 15 millones de recibos y a varios millones de contribuyentes. La comisión no repercutirá sobre el importe que resulte a devolver de cada recibo de la contribución urbana.

Los procedimientos para asegurar la devolución de esos 50.000 millones son muy complejos, y todavía llevará un tiempo instrumentalizar ese reintegro de acuerdo al decreto-ley publicado el pasado 21 de abril. Hacienda ha desestimado realizar los pagos a través de la declaración de la renta porque un número significativo de los que tienen derecho a devolución están exentos de esa obligación anual por su bajo nivel de ingresos.

Hacienda distribuirá millones de impresos. Los propietarios con derecho a devolución de la parte de contribución urbana pagada en exceso tendrán que presentar una instancia por duplicado junto al recibo o recibos acreditativos. A cambio recibirán el dinero y un comprobante para evitar que, por error, en el futuro pueda exigírseles nuevamente el pago de esas anualidades.

Interés electoral

José Borrell manifestó que "tenemos el máximo interés en hacer la devolución antes de las elecciones municipales, pero se sacrificará la rentabilidad electoral a la eficacia de la devolución". "Prefiero", añadió, "asumir ese coste político que provocar una catástrofe administrativa".La supresión de los recargos sobre los tipos de contribución urbana aprobados por numerosos. ayuntamientos agudiza la crisis financiera que padecen las corporaciones locales. Para solventar esa situación, antes de que sea aprobada la ley de Financiación de las Haciendas Locales, el Gobierno aprobará una ley puente, que entrará en vigor el 1 de enero de 1988. De esta forma se sancionará legalmente la posibilidad de establecer tipos superiores al 20%.

El margen de libertad para fijar los tipos de contribución urbana no es el único factor de incremento de esta fiscalidad. El Centro de Gestión Catastral está revisando los valores de los inmuebles urbanos. Del censo total de 20 millones de unidades (viviendas, locales comerciales y solares), en enero de 1987 se había revisado el valor de ocho millones. Este año será actualizado el valor de otros tres millones más y el censo estará concluido en 1992.

Las revisiones efectuadas significan unos incrementos del valor catastral que oscilan entre el 200% y el 240%. Fuentes de Hacienda han significado que estos aumentos dejan todavía el valor fiscal del inmueble muy por debajo del precio que tienen en el mercado (de un 20% a un 35% inferior).

Los inmuebles urbanos españoles, excluidas las cuatro provincias forales, tienen actualmente un valor catastral estimado en 21,4 billones de pesetas. Aunque la contribución urbana representa un 0,56% de este valor, proporciona ingresos a los ayuntamientos de 120.000 millones de pesetas cada año. Otro tanto obtiene Hacienda a través de la renta patrimonial en el impuesto sobre la renta.

La renovación del censo, afectará también a las fincas rústicas, que sólo aportan a las arcas municipales 6.000 millones de pesetas cada año. La revisión de estos catastros se hará en cuatro años y costará 15.000 millones de pesetas.