AP pide que comparezcan en el Congreso empresarios interesados en la TV privada

El Grupo Popular solicitará la próxima semana la comparecencia en comisión de todos aquellos particulares, sobre todo empresarios periodísticos, que estén interesados en la concesión de un canal de televisión privada para que expongan sus puntos de vista técnicos, financieros y de comunicación. La dirección del Grupo Popular presentó ayer en el Congreso un proyecto de ley de televisión privada alternativo al del Gobierno, que se caracteriza por carecer de cualquier aspecto de intervención del Estado. El proyecto de AP no pone límites de participación a ninguna empresa, sea del sector que fuere, si desea un canal de televisión y cumple los requisitos. Aunque no se señala, se coincide con el proyecto gubernamental en que técnicamente la existencia de tres canales nacionales es lo idóneo para España.

Miembros de la dirección de AP.expresaron ayer a este periódico su propósito de pedir la comparecencia en comisión de los empresarios interesados en un canal de televisión para escuchar de ellos sus puntos de vista. En esta ocasión estiman que la Mesa del Congreso no puede oponerse porque la comparecencia de estos particulares tiene interés para la Cámara, ya que sus opiniones versarán sobre un proyecto de ley que discute el Congreso.El Grupo Popular vio desestimado su propósito de que comparecieran representantes de sectores agrícolas, ganaderos y sanitarios, entre otros, por entender el órgano de gobierno de la Cámara que su presencia en el Congreso no tiene relación con ningún proyecto legislativo.

"En esta ocasión no pueden decirnos lo mismo, dado que la presencia de estos señores en la Cámara coincidirá con la discusión de la ley", dijeron estos portavoces, que consideran "fundamental" para los grupos políticos escuchar la opinión de los empresarios periodísticos. "Tenemos como precedente la discusión del PEN, que fue precedida de la presencia en comisión de numerosas personas implicadas en ese sector".

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Luis Ramallo, comenzó la presentación del proyecto afirmando que el principio filosófico inspirador es totalmente diferente al del Gobiemo. "El Gobierno socialista establece que la televisión privada es un servicio público más. Si es un servicio público es un monopolio del Estado; el régimen es concesional y, por tanto, hay numerus clausus y se facilita el régimen intervencionista",'dijo como conclusión. Por el contrario, en él proyecto de AP "persiste el derecho del particular; no hay concesiones, sino autorizaciones administrativas para ver la capacidad financiera de los solicitantes".

El proyecto aliancista consta de 20 artículos, una disposición transitoria y una final. AP renuncia al sistema de concesiones y se acoge a las autorizaciones administrativas. "Se otorgarán tantas autorizaciones administrativas como permitan las condiciones técnicas y los acuerdos internacionales suscritos por España", dice el artículo cuarto, bajo el epígrafe "Principio general de libertad".

Las sociedades autorizadas para optar a un canal tendrán que revestirse en forma de anónimas, tener nacionalidad española y estar domiciliadas en España. "Las acciones serán nominativas, y obligatoriamente al menos un 51% del capital social pertenecerá a titulares de nacionalidad española y residentes en España".

Aquel titular de un canal que quiera además participar en otro sólo podrá hacerlo en un 5%.

El Grupo Popular ha establecido en 20 años el período de autorización, y éstas pueden ser renovadas sucesivamente por períodos de 10 años.

1.000 millones inmediatos

Los promotores que aspiren a una autorización deberán presentar un proyecto técnico que garantice el cumplimiento de las condiciones de la concesión, así como un proyecto de estatutos de la sociedad con relación completa de promotores y accionistas, con un aval bancario que garantice la inmediata constitución de la sociedad. El capital mínimo para un canal nacional es de 1.000 millones de pesetas; 300 millones para uno regional y 100 millones para uno local, a desembolsar en un plazo de 30 días a partir de la autorización.