Un servicio menos público

En lo que parece un mero juego de palabras radicará la controversia entre el Gobierno y los principales grupos de la oposición en tomo a la televisión privada. Aunque para unos y otros no es un asunto baladí, dado que en ese juego radican los principios filosóficos de cada cual. El Gabinete socialista consagra en su proyecto de ley que la televisión en general, pública o privada, es un "servicio público", mientras que Alianza Popular sostiene que los servicios que ésta presta son de "interés público", pero nada más.Los autores conservadores del proyecto de ley aseguran que si el concepto de libertad no es aceptado por los socialistas el acuerdo es del todo imposible. "El derecho a informar es un derecho de la sociedad y no del Estado. Éste es el principio fundamental para nosotros, aunque sobre otros aspectos estamos dispuestos a negociar", deja sentado el portavoz del Grupo Popular, Juan Ramón Calero.

Los responsables socialistas no están dispuestos a ceder en ese punto, dado que también para ellos es un principio fundamental la consideración que se da de servicio público a la televisión. El debate a la totalidad previsto para la próxima semana es previsible que se retrase dado que el plazo de presentación de enmiendas, que terminó ayer oficialmente, se amplía hasta el 22.

AP concibe la televisión como instrumento de comunicación que al igual que la radio y la prensa debe ser un medio independiente". Los legisladores populares conbsideran que los servicios que estos medios prestan son de interés público pero no son, en modo alguno, un servicio público.

De ahí que el principio teórico del que parten para la regulación de la televisión privada es el del reconocimiento de la libertad para constituir empresas de televisión, sin más límites que los establecidos en el artículo 20 de la Constitución, además de las condiciones técnicas.