El Gobierno varía su postura por la acumulación de pruebas sobre ventas de armas a Irán e Irak

CARLOS YÁRNOZ, El Gobierno ha decidido variar su posición ante la acumulación de pruebas sobre ventas de armas españolas a Irán e Irak y, en lugar de limitarse a desmentir las noticias al respecto -como ha venido haciéndolo durante los tres últimos años-, opta ahora por explicar la grave situación que atraviesan las empresas de armas, sus perspectivas y la necesidad que tienen de exportar parte de su producción, según se desprende de los comentarios oficiales hechos en relación con la comparecencia del ministro de Industria, Luis Carlos Croissier, ante la Comisión de Industria del Congreso, prevista para hoy.

Al referirse a la comparecencia de hoy y a las exportaciones de armas a países en guerra o con regímenes dictatoriales, en los medios oficiales se ha recordado que la presencia del ministro es para "informar sobre la situación actual y perspectivas de la industria de armamento, así como de la exportación de armas". El ministro estará acompañado del secretario de Estado de Comercio y del director general de Política Comercial.El 16 de marzo de 1984, EL PAÍS difundió la noticia de que empresas españolas exportaban armamento a Irán e Irak, en guerra desde septiembre de 1980, a través de intermediarios." La información fue desmentida oficialmente. El 27 de abril de 1984, el entonces embajador de EE UU en España, Thomas Enders, comunicó al Gobierno español la protesta de Washington porque España reexportaba a Irán tecnología de doble uso -de uso pacífico o bélico- de origen estadounidense.

Desde entonces, han sido contínuos los desmentidos gubernamentales ante cualquier insinuación sobre exportaciones de armas a Irán o Irak. Los titulares de Defensa, Asuntos Exteriores y Economía han insistido siempre en que el Gobierno español respeta el embargo de armas a esos países, adoptado en 1983.

Sin embargo, empresas privadas -como el Grupo Auxiliar Metalúrgico, S A (Gamesa), Esperanza y Cía. o Explosivos Alaveses (Expal)- y públicas -como Santa Bárbara o Construcciones Aeronáuticas (CASA)- han seguido vendiendo productos bélicos a esos países, en la mayoría de los casos mediante operaciones triangulares, utilizando como países intermediarios a Libia, Siria o Jordania.

En septiembre de 1983, se firmó un contrato con Irán por valor de 100 millones de dólares, que en los años siguientes se ha incrementado hasta los 280 millones de dólares, de los que aún faltan cerca de 18 millones de dólares por entregar. El 15 de enero de 1981, cuatro meses después de iniciada la guerra, se firmó también un contrato de armas con Irak, que en años posteriores ha tenido sucesivas prórrogas.

En los últimos meses, se han difundido nombres, fechas, cantidades -incluso con documentos fotocopiados- que demuestran la existencia de envíos de armas a Irán e Irak. Desde puertos como el de Santander, Bilbao, Barcelona o Valencia, salieron envíos para Irán en enero (dos veces), febrero, junio, julio, agosto y octubre a lo largo de 1985; en enero, marzo y julio, a lo largo de 1986, y sólo desde Santander. A lo largo de 1987, los envíos han sido muy reducidos y escasos.

El Gobierno ha seguido negando estos datos, argumentando que en las documentaciones presentadas para obtener las correspondientes licencias nunca han figurado esos países como últimos destinatarios de las mercancías. Sin embargo, en los puertos figura la documentación oficial sobre los transportes, la Guardia Civil acompañaba a los camiones que trasladaban la mercancía, los vendedores tenían contínuos contactos con el Gobierno, militares iraníes e iraquíes han visitado numerosas veces las fábricas españolas, incluídas varias del Instituto Nacional de Industria (INI).

Temas distintos

Sin embargo, han sido varias las personas directamente implicadas en las operaciones que aseguran que el Gobierno estaba al tanto de las operaciones. Así, por ejemplo, autoridades de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía aseguraron hace dos meses al diputado comunista Enrique Curiel que se abriría una investigación sobre presuntas irregularidades.

Ante la comparecencia de hoy de Croissier, Curiel ha señalado que la situación de las empresas y las irregulares exportaciones "son dos temas totalmente distintos" y que existe una "responsabilidad política del Gobierno", por Ia que es necesario crear una comisión investigadora en el Parlamento.

José Antonio Trillo, de Alianza Popular, comentó ayer que "hay que evitar que el Gobierno falte a la verdad, deje de informar al Parlamento, sobre algo tan importante para España como es la exportación de armas a ciertos países". Para Trillo, "el aspecto más grave es la falta de respeto al Parlamento".

Para José Ramón Caso, del CDS, la comparecencia de hoy no se ha organizado de forma adecuada y es muy probable que, a la vista de las personalidades que acudirán -no estarán los titulares de Defensa y Asuntos Exteriores-, parece difícil que se aclare el problema.