Un desafío social

Hace exactamente 20 años -cuando la droga y sus implicaciones no era todavía un grave problema entre nosotros- consideré un deber alertar a la sociedad española, a los médicos y sanitarios y a los políticos acerca del peligro creciente que amenazaba nuestras estructuras sociales en su propio basamento: seguridad ciudadana, progreso luminoso y familia sana como pueblo portador de cultura, pero retrasado en su evolución en relación con Occidente. Este presagio y este jinete fueron calificados por aquel entonces como .exageraciones de los psiquiatras"; los hechos están demostrando con creces todo lo contrario.Lo más grave de lo que venimos observando desde hace un cuarto de siglo es la repetición de los mismos errores, desorientación y torpezas en los responsables de la sanidad, en los políticos de turno y en los encargados de dictar normas jurídico-penales en relación con la delincuencia criminal de los traficantes. ¿Qué ha cambiado, pues, entre nosotros durante estos 25 años?

Los presupuestos cualitativos, psicosociales, que impulsan primeramente al individuo a la droga -como el nihilismo y vacío existencial- son casi los mismos, así como la impotencia y desorientación ante la prevención, tratamiento, reintegración social del drogadicto. únicamente se ha incrementado la cantidad: elevación del porcentaje de los toxicómanos, precocidad juvenil y aumento de la delincuencia, con multiplicación de los traficantes y de sus estrategias.

No existe actualmente un riesgo -excepto las guerras nucleares- para el alma humana, para el individuo inmaduro y sensual de la sociedad moderna, mayor que, la droga, al tiempo que el desconcierto y desmoralizadión cunden por doquier. Las toxicomanías son, por supuesto, mucho más graves a la larga que las deficiencias inmunobiológicas adquiridas -SIDA- por dos razones principales: la profilaxis es mucho más simple, fácil y eficaz, y el tratamiento es cuestión de poco tiempo, años como máximo, como sucedió con otras muchas virosis.

En la actualidad, las dos lacras sanitarias de alcance nacional son, quizá: una, las contaminaciones ambientales, pero éstas son mucho más fáciles de combatir; es cuestión de presupuestos y técnicas. La otra lacra es más difícil de prevenir y conibatir; nos referimos a las drogadicciones esclavo-dependientes. Aquí se necesita más imaginación y conocimientos antropológicos y-una conciencia de responsabilidad más generalizada.

Reconocido que el mayor peligro de inestabilidad y degradación que amenaza las sociedades desarrolladas procede de la droga, las conciencias más altrtadas y responsables piden a gritos soluciones eficaces. Hasta ahora los fracasos no pueden ser más decepcionantes; todo han sido palos de ciego, engaños o errores. ¿No se atreven los políticos, la Administración, los sanitarios, a enfrentarse con la realidad de este gravísimo problema? Quizá falta un verdadero planteamiento pluridimensional con las implicaciones y coindicionamientos médicos antropológicos, jurídicos. Se olvida que no hay un foco alienígeno más contaminante y. grave que un drogadicto, que convierte de 18 a 20 prosélitos.

En medio de este confusionismo general se alza la voz de un jurista equilibrado, prestigioso y sensible ante este grave peligro social -Antonio Pedról Rius, presidente del Colegio General de la Abogacía que sugiere, para empezar, algo elemental y necesario si realmente se quiere abordar el complicado problema de las toxicomanías: controlar la droga.

Pedrol tiene razón al recordar la constante negativa de esta realidad: "Son tan escasos los medios de lucha, es tan amenazante el drama de la drogadicción, que creo que no tenemos derecho a renunciar al estudio de cualquier camino, por angosto que se presente, que pudiera llevarnos a una lucha de resultados efectivos. Y de lo que sí estoy convencido eis que la lucha debe dirigirse contra los traficantes, que son la verdadera causa de que la drogadicción se mantenga y se extienda".

El momento de la revisión y rectificación de errores es oportuno. Parece ser que el ministro de Justicia prepara proyectos de ley en relación con las penas a los traficantes y control del dinero sucio que manejan, como lo están haciendo otras naciones, entre ellas Italia, con resultados esperanzadores. En esta situación, la búsqueda de posibles soluciones complementarias bien merece nuestra atención.

En relación con las normas jurídicas y aumento de las penas al narcotraficante, temo que, éstas nunca sean suficientes, por muy severas que se quiera. Que yo sepa, falta un proyecto nacional coherente o comunitario que abarque el problema inherente a la drogadicción en todas sus dimensiones, desde la prevención hasta la reincorporación del paciente a la familia, a la sociedad, al mundo laboral y profesional.

Peregrinaje

Actualmente existen, eso sí, centros aislados, paraestatales, de las comunidades, privados o patriarcales, pero todo ello en cantidades homeopáticas y sin la coordinación necesaria. En estas circunstancias, los drogadictos suelen ir -o son llevados- de un lado para otro reclamando ayuda, hasta convertirse este peregrinar en un turismo psiquiátrico, caro y a veces inhumano, para terminar en las cárceles, esto es, en la universidad de la delincuencia.

En el proyecto que proponemos no se trata de, marginar o abolir lo que se está haciendo, siempre que sean adaptables a las exigencias y coordinación -esto es esencial- del proyecto médico- asistencial integrador que sugerimos.

La primera fase que recorre el drogadicto es siempre la misma: ingreso de urgencia durante unos días, donde y cuando lo consigue el paciente, los familiares o la policía, y... a la calle; la demás asistencia médico-psiquiátrica es privada y casi con las mismas dificultades y resultados. Esta asistencia en la ciudad no se podrá modificar, coordinar, hasta poner en funcionamiento las dos fales siguientes, que son las etapas que aquí más interesan.

La segunda fase, o etapa médico-asistencial, sería a base de un establecimiento situado a medio camino entre la ciudad y el establecimiento correspondiente a la tercera fase. Tales establecimientos deben ser clínicas o sanatorios médico-psiquiátricos, con equipos de psicólogos, monitores y personal asistencial capacitado para todas las posibilidades de tratamientos, biológicos y médico-farmacéuticos, junto a las más variadas psicoterapias: terapia ocupacional, conductal, existencial y de grupo etcétera, sin olvidar las actividades culturales y, al mismo tiempo, las posibifidades que ofrecen en estos casos las diversas ocupaciones agropecuarias. Algunos pueblecitos abandonados en las comunidades serían muy adecuados para tales. sanatorios-colonias a medio canuiño. Los mismos pacientes, en este caso los drogadictos, podrían colaborar a su restauración y responsabilizarse en su funcionamiento, administración, de la manera más conveniente, como parte integrada de las terapias existenciales.

La tercera fase comprendería a los drogadictos reincidentes, con pronóstico reservado o grave y que casi no tienen más alternativa que la universidad de la delincuencia juvenil: la cárcel. Debemos evitarlo.

El equipo médico-psíquiátrico, las instalaciones y sus posibilidades terapéuticas, culturales y resocializadoras serían, en principio, semejantes a los sanatorios-colonias a medio camino de la fase anterior, salvo . las pertinentes adaptaciones a los casos, de estancias más largas. Resultaría aconsejable que su ubicación fuera lo más distante de las grandes ciudades. Los equipamientos y las instalaciones en general estarían, claro está, en función de la cuantía de la población de drogadictos de la comunidad correspondiente o comunidades limítrofes concertadas.

En las clínicas a medio camino -segunda fase- se impondría la asistencia llamada de puerta giratoria, esto es, atendena por igual a todos los pacientes enviados desde los hospitales de las ciudades con asistencia de corta duración -primera fase y también a los procedentes de los sanatorios -colonias para reincidentes -tercera fase.

En esta dinámica trifásica sería importante observar la siguiente normativa: las clínicas a medio camino de la segunda fase deben ser paso obligado y previo para la rehabilitación o resocialización social, laboral y familiar de los drogadictos reincidentes, que son la mayoría. En el caso de que en esta segunda fase los intentos controlados de reincorporación o pruebas-tests, sean todavía negativos, el paciente-drogadicto debe reingresar y prolongar nuevamente su estancia en las clínicas de la tercera fase hasta la próxima prueba-test. Por esta razón, tales clínicas deben observar las normativas propias de hospitalizaciones en régimen cerrado, al mismó tiempo que la coordinación entre los equipos de las tres fases debe ser estrecha y continua, sobre todo entrc los de la segunda y tercera fase.

Debo salir al paso de dos posibles objeciones de políticos y administrativos: la complejidad y los costes elevados de este proyecto. Puedo asegurar que en España existen médicos-psiquiatras, psicólogos y personal asistencial capacitado para llevar a término tal emprea. Temer a, la complejidad, más que un error, sería una desgracia de alcance nacional con las consecuencias que estamos padeciendo.