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Editorial:EL OMBUDSMAN
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

EI síndrome corporativo

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS de la oleada de conflictos que se han producido en estos meses manifiestan la pervivencia de fuertes reflejos corporativistas.Todo el mundo, en principio,acepta que existen privilegios repartidos entre algunos colectivos sociales, pero llegado el momento cada grupo con derechos hoy injustificables se apresta a defender los suyos con uñas y dientes.

Con esta actitud, una buena parte de los grupos sociales, y especialmente los integrados en el sector público, reclama con vehemencia insólita una mayor dotación de fondos públicos, con la supuesta idea de que esos fondos son inagotables o no proceden de nadie. Para nada en estos tirones de unos y de otros parece contar la idea elemental de que el presupuesto del Estado se obtiene prácticamente en su integridad con contribuciones de los ciudadanos y que sus recursos, limitados, deben repartirse en atención a una idea conjunta de las necesidades.

Exactamente, en un país democrático los presupuestos reflejan unas determinadas opciones políticas, y es el juego de mayorías y minorías el que define las prioridades en cada momento. Es imposible satisfacer simultáneamente todas las demandas emanadas de la sociedad y cumplir simultáneamente y sin ordenación con todas las metas pendientes. Cada año, el documento fundamental donde se reflejan los términos de la política económica lo constituyen los presupuestos generales. Pero cada año el interés que despierta la discusión de los presupuestos entre parlamentarios o no parlamentarios es próximo a cero.

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Puede decirse que excepto las consabidas descalificaciones globales de la oposición de turno, que siempre descubre que la propuesta gubernamental va a aumentar el déficit público, la inflación, el desempleo y la desgracia de los ciudadanos, no hay intervención que merezca destacarse.

La razón de esta abulia presupuestaria española puede deducirse del comportamiento de algunos colectivos en batalla. Más o menos se piensa que, sea una cosa u otra lo que se decida en la aprobación del presupuesto, buena parte de las partidas, concretamente la que nos afecte, podrá ser alterada luego. Por este procedimiento, que suele dar resultado, al final las partidas quedan decididas más por la relación de las fuerzas corporativas en liza que por un concepto globalizador de las necesidades generales.

En estos momentos, la ausencia de instancias intermedias, y en particular la crisis de afiliación de los sindicatos, replegados a las grandes compañías públicas, ha dificultado la concertación social. Pero es una batalla por el asalto al botín de los presupustos generales más que por la corrección de injusticias distributivas. Éstas no sólo no disminuyen, sino que se acrecientan, erigiendo una barrera insalvable entre los que tienen trabajo -y dentro de este grupo los que lo tienen asegurado de por vida: funcionarios y empleados del sector público- y los que aspiran a conseguirlo.

Que en esta situación y con estas perspectivas el debate social gire en torno a sí el aumento salarial debe alcanzar el 7% o quedarse en torno al 5%,es secundario. Y en este terreno los responsables económicos del Gobierno se han ganado con su empecinamiento un lugar de privilegio. Con frecuencia el. discurso corporativista va unido a una furibunda crítica al sistema de partidos políticos. Demagogia a raudaIes es vertida en los odres de la autocomplacencia gremialista para demostrar que nada hay como el método directo, la verdadera participación, la representación sin intermediarios.

La derecha reaccionaria y la ultraizquierda pueden darse la mano en esto, pero el resultado es siempre el mismo. De la impugnación de los cauces democráticos de negociación en nombre del asamblearismo y la representación directa lo único que resulta es el Estado corporativo.

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