Un debate incompleto
EL DEBATE sobre paz y seguridad, celebrado en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, ha sido útil, pero incompleto. Los titulares de Exteriores y de Defensa, Francisco Fernández Ordóñez y Narcís Serra, respectivamente, aportaron nuevos datos, pero escurrieron el bulto en puntos fundamentales. Para empezar: ¿qué hará España en la OTAN? Mucho se nos ha hablado de cómo quiere hacerlo, pero no sabemos nada de las misiones militares -con la eventual salida de unidades a otros países- que España acepta desempeñar en la Alianza.Respecto al cómo, Serra reconoció por fin que no había una diferencia oficial en la OTAN entre estructura militar, integrada o no, y estructura civil. Declaración que echa por tierra toda la batería argumental empleada por el presidente del Gobierno con ocasión del referéndum. Concretamente, el ministro dijo que "el hecho de que un país ponga determinados contingentes de sus fuerzas armadas a disposición de unos mandos no nacionales, con objeto de que desempeñen unas misiones establecidas por esos mandos, en unas zonas de su jurisdicción y orientadas por el principio del automatismo en la decisión durante un conflicto, es lo que constituye la entraña de lo que se denomina estructura militar integrada". Bien, se trata -con toda su complicación- de una definición correcta, pero habría que añadir que simplemente desempeñar misiones militares para la OTAN es también una forma de integración militar, diga lo que diga el Gobierno. Y la oposición tampoco tuvo particular interés en precisarlo.
Respecto a las armas nucleares, Fernández Ordófiez aclaró que será el Parlamento, y no el Gobierno, el que, en caso de crisis, decidirá su posible presencia en España. Aclaración más bien confusa, puesto que por encima del Parlamento se encuentra el resultado del referéndum. Los ministros pudieron asegurar, presionados por la oposición, que no hay armas nucleares en Rota. Pero la credibilidad de semejante afirmación no puede ser absoluta, puesto que Rota es una base naval que recibe visitas periódicas de barcos con armamento nuclear. Por lo demás, permaneciendo Gibraltar como base potencialmente nuclearizada, la discusión sobre estas cosas parece bizantina. Hay un peligro nuclear cierto en el Estrecho, y este riesgo es padecido por la población española de la zona. Con ello vuelve a ponerse de relieve la necesidad de un debate en profundidad sobre España y las armas nucleares, repetidamente soslayado.
En cuanto a la reducción de la presencia militar norteamericana en España, las exposiciones de los ministros fueron también insuficientes. De hecho, él Gobierno no ha explicado todavía por qué quiere que se vaya el ala táctica de Torrejón, y no otras unidades. ¿Por cuestión de control? ¿Porque es, sencillamente, más fácil y políticamente más visible?
Como resultado del debate salió un principio de consenso, favorecido por Alianza Popular, sobre la política de seguridad. Pero aquí, mientras Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón demostró un buen conocimiento de los problemas, no cabe decir lo mismo de otros muchos oradores, cuya única fuente de información parece ser la Prensa. Y esto que resulta halagüeño para los periodistas constituye también un reflejo de la falta de profesionalidad de numerosos parlamentarios.
Finalmente, debe lamentarse la falta de referencia a las potenciales amenazas para la seguridad de España, asociadas a los problemas de Ceuta y Melilla. Como -también el superficial tratamiento del contencioso sobre Gibraltar, tal vez en atención a la visita de los príncipes de Gales que se cumple estos días en Madrid. Por el contrario, en su contribución positiva, el debate ha conducido a la casi unánime decisión (con excepción de Gerardo Iglesias) de estimular una política europea de seguridad, y ha mostrado una relativa altura en torno a las cuestione! de desarme, en especial en relación a los euromisiles, aunque siga faltando una mayor cultura parlamentaria en estas cuestiones.
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