Rechazada una propuesta de IU para ampliar la regulación del aborto

El Pleno del Congreso rechazó ayer por la mañana una proposición de ley presentada por Izquierda Unida (IU), que proponía la ampliación de la regulación del aborto. Sólo votaron a favor los diputados de IU, que fueron quienes presentaron la propuesta. Pese a que todos los grupos expresaron su voto en contra, el resultado de la votación fue de 18 votos a favor, 239 en contra y dos abstenciones. Izquierda Unida sólo cuenta con siete diputados y no todos estaban presentes en la Cámara.Fuentes de los distintos grupos coincidieron en señalar que los votos afirmativos sobrantes y las abstenciones deben haberse producido porque había llaves que debieron quedar puestas en la anterior votación, ya que las dos abstenciones también había salido en la votación anterior.

La proposición de ley de Izquierda Unida fue defendida por Ramón Espasa, que calificó la actual ley de aborto de "absoluta hipocresía y fariseismo legislativo". Afirmó que la ley actual acabó con una situación injusta, "pero es insuficiente, ya que al amparo de la ley, en el año y medio que lleva vigente, sólo se han producido 400 abortos, mientras que se ha producido otros 5 1.000 abortos clandestinos". "El marco legal de la interrupción voluntaria del embarazo", añadió, "es insuficiente, caótico, produce inseguridad jurídica manifiesta y está fuera de la realidad".

Todos los portavoces de los grupos se manifestaron en contra de la proposición de ley y coincidieron, como lo hizo el portavoz del Partido Liberal, Juan Carlos Aparicio, que fue el primero en hablar, en que la ley actual aprobada en la anterior legislatura aún no ha podido evaluarse en sus efectos sociales. El PSOE también se opuso a la propuesta de Izquierda Unida indicando, a través de una intervención de Carlos López Riaño, que el Grupo Socialista tiene un proyecto legislativo, aprobado en la anterior legislatura y declarado constitucional, "y hay que aguardar todavía un tiempo para saber si el modelo socialista es eficaz o no". Juan Ramón Calero, del Grupo Popular, dijo que la proposición de ley atenta a los principios constitucionales y morales que defiende su grupo.