Los criterios políticos primaron sobre los técnicos en la adjudicación de la autopista de Manresa a Ferrovial

La concesión de la autopista Terrassa-Manresa a la empresa Ferrovial se efectuó por criterios primordialmente políticos, tras dividirse la comisión adjudicadora en dos bandos que mantenían diferencias técnicas irreconciliables, según revelaron esta semana a EL PAÍS dos altos cargos de los departamentos de Economía y de Obras públicas de la Generalitat de Cataluña, quienes mostraron cierta intranquilidad por la forma en que se tomó la decisión. Las diferencias enfrentaron a los representantes del Departamento de Economía y Finanzas, que recelaban de otorgar la obra a una constructora y defendían la candidatura de las cajas de ahorro, con los representantes del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, agrupados en torno a la oferta de Ferrovial. En las próximas semanas, la concesionaria convocará un concurso para adjudicar la construcción de la obra.

Una intervención del presidente de la comisión de adjudicación Joaquim Tosas, secretario general del Departamento de Obra Públicas, desbloqueó la situación a favor de Ferrovial pasada la medianoche del pasado 17 de diciembre. Previamente, y desde las 5 de la tarde, hora a la que comenzó la reunión, las distintas partes habían efectuado consultas a los consellers de Economía Josep María Cullell, y Política Territorial, Xavier Bigatà, así como al propio presidente de la Generalitat. Éste último fue quien, según fuentes solventes, dio instrucciones telefónicas a Tosas para que forzara una decisión favorable a Ferrovial.Ferrovial había mantenido desde el mes de junio de 1986 cuando se convocó el concurso para conceder la autopista, contactos con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y con el secretario de la presidencia, Lluís Prenafeta. En ellos, el presidente de la compañía, Rafael del Pino y el director general, Antonio Mendoza, habían expresado el interés de Ferrovial por obtener la concesión de la autopista.

Ferrovial, a cuya oferta se añadieron posteriormente Banesto y Banco Hispano Americano -cuyos vicepresidente y presidente, José María López de Letona y Claudio Boada, son consejeros de la constructora- contó en Cataluña con un importante aliado de última hora: la Caixa de Pensiones.

Esta entidad de ahorro se había opuesto a que la concesionaria del Túnel del Cadí -en la que participa- acudiera al concurso de la autopista, y posteriormente se negó a integrarse en la oferta encabezada por Caixa de Barcelona y Caixa de Manresa, en la que participaban también Cajamadrid, Banco de Sabadell Diputación de Barcelona y otras instituciones.

La red de Roca

Ferrovial mostró una completa confianza en el éxito de su opción desde que presentó los ocho folios que contenían su oferta, el 25 de septiembre. La compañía constructora basaba este optimismo en que sus plazos de construcción y concesión serían mucho más breves que los de la oferta alternativa, presentada por las cajas. Sin embargo, el Departamento de Economía de la Generalitat, a través del conseller Cullell, expresó públicamente en vanas ocasiones que era radicalmente contrario a que se diese la concesión a Ferrovial.

Cullell, siguiendo un principio comúnmente aceptado, opinaba que otorgar la concesión a un constructor suponía un riesgo, ya que por su propia actividad tiende a autoconcederse la obra cuando desde un punto de vista económico y racional el contratista y el concesionario defienden intereses opuestos. Para el contratista lo prionítario es el negocio de la construcción en sí. Para el concesionario lo vital es que la obra se realice sin encarecimientos, dilaciones ni recargos.

Antes de la reunión de la comisión de adjudicación, circularon comentarios sobre la inusual confianza de Ferrovial y sobre sus contactos políticos. En este sentido, su representante legal en Cataluña era Jaume Camps, diputado autonómico convergente, estrechamente vinculado a Miquel Roca y su Partido Reformista.

Posteriormente, Santiago Trias de Bes, miembro del bufete jurídico de Jaume Camps, ha sido nombrado secretario de Autemasa, la concesionaria formalmente titular de la autopista -en la que participa Ferrovial con un 75%, La Caixa y el Banco Hispano Americano con el 10% cada entidad y el Banc Catalá de Crédit (filial del Banesto), con el 5%-, que es la entidad que ahora, en mayo, debe conceder a una o varias constructoras la ejecución de la obra, siendo la favorita la propia Ferrovial.

En vísperas de la decisión, existían tantas suspicacias políticas entre los miembros de la comisión, que alguno sugirió que prefería no participar en la reunión. Cullell le respondió que "había que asistir y obrar en conciencia".

Finalmente, en la reunión decisiva, el largo cónclave del 17 de diciembre (ver despiece), los representantes de Economía -dos, frente a seis de Política Territorial- defendieron la oferta de las cajas y comentaron algunas dificultades de tesorería y la carencia de información sobre Ferrovial, que no había aportado ningún balance auditado. También expusieron los riesgos de que concesionario y constructor pudieran ser la misma entidad.