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Fernando Ledesma considera al juez "único responsable" de la fuga del 'ultra' Emilio Hellín

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, afirmó ayer que la fuga del ultraderechista Emilio Hellín, preso en la cárcel de Zamora al que se le concedió un permiso el 20 de febrero y no regresó al centro penitenciario, es de "la exclusiva responsabilidad" del juez que le dio el permiso. Ledesma, en la Comisión de Justicia del Congreso, intentó dejar patente que el Gobierno no tenía ninguna responsabilidad y que hizo todo lo posible para impedir que se le concediera tal permiso."No ha habido por nuestra parte negligencia, la exclusiva responsabilidad es del juez que concedió el permiso", afirmó. Por otra parte, la comisión rechazó ayer, con los votos socialistas, una proposición no de ley del diputado de Euskadiko Ezkerra, Jon Larrinaga, relativa a la supresión de la figura de los gobernadores civiles. A petición del diputado de Izquierda Unida, Nicolás Sartorius, y de León Buil, del Centro Democrático y Social (CDS), el ministro de Justicia tuvo que responder a sendas preguntas sobre la fuga de la cárcel de Zamora del ultraderechista Emilio Hellín, condenado a 43 años de cárcel por el asesinato en Madrid de la joven Yolanda González.

El permiso de seis días fue concedido por el juez de vigilancia penitenciaria de Zamora, Donato Andrés. "La fuga de Emilio Hellín ha sido un hecho escandaloso y me sumo a todo lo que ustedes han dicho y pienso que no debería haber ocurrido", dijo.

Después realizó un exhaustivo relato de lo ocurrido para demostrar que el Gobierno no tuvo responsabilidad. El ministerio fiscal, dijo, presentó todos los recursos posibles para que el permiso no se diera, pero fueron rechazados por el juez.

En numerosas ocasiones reiteró, recalcando expresamente las palabras "independencia del Poder Judicial", que el Gobierno en ningún caso podía interferir en las competencias de los jueces, que correspondía al Consejo General del Poder Judicial adoptar las medidas que estimara oportunas. "El ministerio ha hecho todo lo legalmente posible; la responsabilidad del permiso es exclusiva del juez y éste pudo conceder el permiso con control policial y no lo hizo", fue el resumen final que realizó Ledesma.

Sartorius intentó a toda costa que el ministro reconociera que en las cárceles españolas mueren reclusos víctimas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), intento que resultó infructuoso.

Sartorius presentó ante la comisión certificados de defunción de varios reclusos en los que se dice que el motivo del óbito fue esta enfermedad. "El SIDA no es un problema penitenciario, es general, y tiene que ser afrontado con procedimientos de la sanidad nacional", dijo el ministro de Justicia.

Una tortura en cuatro años

De otro lado, el diputado Enrique Curiel, de Izquierda Unida (IU), interpeló al ministro del Interior, José Barrionuevo, sobre las condenas a miembros de las fuerzas de orden público por malos tratos a detenidos.Curiel se basó en los informes de Amnistía Internacional y de la Asociación Pro-Derechos Humanos. Barrionuevo informó que, en los cuatro años y cuatro meses de administración socialista, de todos los casos de tortura denunciados sólo ha resultado una condena.

Asimismo, puso de relieve el hecho de que la Asociación Pro-Derechos Humanos no incluye las condenas resultantes a aquellos que denuncian con falsedad malos tratos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de abril de 1987