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La democracia guatemalteca, amenazada

La ola de violencia común y la crisis económica acosan al Gobierno

Una ola de violencia, provocada sobre todo por la delincuencia común, y la crisis económica sacuden a Guatemala, hasta hacer peligrar la consolidación democrática, a los 14 meses de la llegada al poder de un Gobierno elegido libremente, tras más de 30 años de dictadura. El presidente, el democristiano Vinicio Cerezo, denuncia intentos desestabilizadores de grupos extremistas. El ministro de Gobernación, Juan José Rodil, reconoce el desvalimiento en que se encuentra la policía y pide ayuda internacional para crear una fuerza policial capaz de afrontar con métodos democráticos y eficacia la ola de crímenes.

Las noticias en el telediario Siete Días, de la televisión de Guatemala, transmiten una sensación de crisis. El presentador habla primero de "asesinatos, robos y asaltos" y dice que en las últimas 24 horas en la capital se han producido ocho asesinatos y que continúan los casos de desaparecidos.Seguidamente, se informa de que el Ministerio de Agricultura ha autorizado la importación de grano básico (maíz, arroz y fréjol), que constituye la base de la alimentación popular de los guatemaltecos. Sigue el telediario con una crónica sobre la penuria de agua en las colonias pobres de la capital.

La última crónica del bloque de información nacional se refiere a la difícil situación de 20 familias de repatriados que regresaron de México tras haber pasado cuatro años fuera de Guatemala, de donde habían salido víctimas de la violencia política y la represión del Ejército.

Al final del bloque de información nacional la impresión que queda es que en Guatemala el Gobierno democrático hace aguas por todas partes.

El presidente Cerezo explica que "si los medios de comunicación quieren dar esa visión del país tienen derecho a hacerlo", pero, añade, "hay que ver las otras partes". Reconoce, sin embargo, Cerezo que existe en el país un intento de "desestabilización y de manchar la imagen del Gobierno".

El ministro de la Gobernación, Juan José Rodil, reconoce que la violencia en Guatemala es el resultado de la herencia de un pasado de 30 años, cuando se petrificó un modelo social donde "hay una minoría que lo tiene todo y una inmensa mayoría marginada". Afirma Rodil que en Guatemala no hubo un cambio revolucionario, sino un proceso evolutivo: "El modelo social es fundamentalmente el mismo". Añade el ministro: "Sería angelista (sic) y mentiría el que piense que, por la instauración de un nuevo Gobierno va a acabarse con las violaciones a los derechos hurnanos". Pero asegura categórico: "Este Gobierno ya no es socio institucional de la violencia" ejercida desde el poder.

El nuevo Gobierno se encontró con una policía de 10.000 hombres que apenas sabían leer y escribir, con sueldos que no superaban las 16.000 pesetas mensuales y dedicados a la máxima corrupción con un objetivo primordial en su trabajo: conseguir mordidas. Uno de los primeros actos del nuevo Gobierno democrático fue la disolución del tenebroso Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT), al que se atribuye buena parte de los asesinatos y desapariciones en la dictadura. La disolución del DIT lanzó a las calles a cientos de asesinos sin empleo, armados y que sólo habían aprendido un oficio: torturar y matar.

El ministro Rodil cuenta que, recientemente, un íntimo amigo suyo desde los días de la infancia fue asesinado por un ex policía del DIT. El presunto asesino quedó libre en pocas semanas por falta de pruebas.

Deficiencias

Pregunta Rodil qué se puede hacer con los 25 investigadores criminales con que cuenta la policía para hacer frente a los 1.000 muertos por arma de fuego y 700 por arma blanca que se produjeron el año pasado. El ministro afirma que no tienen un laboratorio forense; en la policía no había ni una sola persona con título universitario y ni siquiera sabían utilizar las huellas dactilares en las investigaciones.Por estas deficiencias, los detenidos salen casi inmediatamente a la calle por falta de pruebas. Con el régimen democrático las leyes exigen que se demuestre la culpabilidad de los acusados. De los 30.000 detenidos en 1986, el 95% salió de nuevo a la calle por falta de pruebas en menos de tres semanas. Un 85% de esos 30.

El Gobierno demócrata cristiano quiere poner en marcha un plan de seguridad ciudadana e incluye una reforma del procedimiento penal. Esto no corrige el problema fundamental: la injusta estructura social. Según Rodil, hace 30 años la sociedad guatemalteca se podía dividir en tres tercios. Uno de extrema pobreza, uno de pobreza y uno que vivía bien, en el que se incluían los inmensamente ricos. Hoy día, dos tercios viven en una situación de extrema pobreza, y sólo un tercio vive dignamente.

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