Próxima apertura del vertedero de San Fernando, con la oposición municipal

El depósito de seguridad de San Fernando de Henares (Madrid), que acogerá gran parte de los residuos industriales sólidos generados en la región, entrará en funcionamiento en la segunda semana de abril. El vertedero ha enfrentado a la comunidad autónoma, que señala que el lugar elegido es el idóneo, y al Ayuntamiento de la localidad, que opina que esta instalación es "la última que faltaba" en una comarca degradada.

La Comunidad aprobó en abril de 1985 el documento previo del Programa Coordinado de Actuación de Residuos Industriales (PCARI), que preveía la construcción de un depósito de seguridad en el término municipal de San Fernando.Al mes siguiente, los servicios técnicos de este Ayuntamiento elaboraron un informe favorable a su ubicación en un paraje conocido como Cerros de la Granja, en la carretera de Torrejón de Ardoz a Loeches. El propio alcalde, Enrique Guerra, del PCE, calificó de "altamente positivo" el proyecto en el transcurso de un pleno. Todo discurría con absoluta normalidad hasta ese momento.

Pero el Ayuntamiento dio marcha atrás: el 22 de julio se aprobó en un pleno una moción del PCE contra el vertedero. Por las mismas fechas, la escisión entre carrillistas y gerardistas hizo entrar en crisis al Gobierno municipal.

Se constituyó entonces una coordinadora contra el vertedero que hoy agrupa a 30 asociaciones, junto a los ayuntamientos comunistas de San Fernando y Coslada. Recogida de firmas, manifestaciones y sendos informes presentados al Defensor del Pueblo y al Comisario del Medio Ambiente de la Comunidad Europea son algunas de las actividades de la coordinadora.

Varias razones explican su oposición al proyecto. En primer lugar, el impacto medioambiental de la instalación, situada a 1,5 kilómetros del río Henares y en una zona que cuenta con numerosas instalaciones de alto riesgo -aeropuerto de Barajas, base aérea de Torrejón, depósitos de Campsa y Butano, un oleoducto y un gasoducto-.

La coordinadora estima también que la construcción del vertedero es ilegal, ya que las obras de construcción comenzaron en marzo de 1986, nueve meses antes de que el PCARI fuera aprobado definitivamente. El Ayuntamiento de San Fernando considera que ha existido un "desprecio a la autonomía municipal" en todo el proceso.

Licencia denegada

El alcalde denegó la licencia de obras, pero el Consejo de Gobierno regional, haciendo uso de la ley del suelo, autorizó el proyecto. Enrique Guerra se presentó el 27 de abril de 1986 en el vertedero para paralizar las obras; la Comunidad le denunció por coacción y daños, como presunto autor del derribo de cerramientos y rótulos. Ayuntamiento y Comunidad se han entregado desde entonces a un tira y afloja sin posibilidad de entendimiento.Según el director general de Medio Ambiente, Rodolfo García-Pablos, el lugar elegido para la ubicación del depósito de seguridad es "el mejor posible dentro de la región". "Se encuentra a seis kilómetros del núcleo urbano más próximo, en unos terrenos degradados y con una capa inmejorable de arcillas que garantiza la impermeabilidad", afirma García-Pablos.

El presupuesto total de la obra (incluyendo la construcción de una planta de tratamiento físico-químico en el término municipal de Madrid) es de cerca de 500 millones de pesetas. Según García-Pablos, "este programa de actuaciones es pionero en España y está entre los más seguros de Europa. Las industrias que utilicen estas instalaciones deberán abonar unas tasas por el transporte y tratamiento de sus residuos".