Marcados por la colza

Ramón Ferrero, ex gerente y copropietario de la empresa Raelea, de Madrid, se enfrenta a un futuro incierto. Cuando fue detenido y encarcelado, en el mes de junio de 1981, con su hermano Elías por su supuesta implicación en el caso del síndrome tóxico se iba a cumplir un año de su boda, había estrenado domicilio y se ufanaba de haber encontrado una fórmula que le convertiría en millonario.Ramón Ferrero había efectuado, junto con su hermano, una importante inversión económica en una nueva planta de fabricación de garrafas de plástico, envasado y distribución de aceite, situada en el polígono industrial de Alcorcón, que había entrado en funcionamiento en 1979.

La reinserción social de Ramón Ferrero ha sido por ahora un fracaso. En medios allegados a la familia se asegura que trató de vender su casa e instalarse en otro barrio de Madrid, donde nadie le conociese y donde poder empezar una nueva vida. Pero su piso es uno de los bienes embargados, lo que le impide que pueda desprenderse de él.

La planta de Alcorcón también está embargada y clausurada por orden municipal, y Ramón Ferrero ha consumido ya todos sus ahorros. De forma ocasional ha desempeñado trabajos tan dispares como el de conductor de automóviles particulares o descargador en el mercado central de abastos.

Ramón Ferrero se crispa con facilidad cuando habla del caso. Alza la voz y amenaza con convertir el juicio en una plataforma desde la que denunciará lo que considera un trato injusto e inhumano. Cuando, después de esta explosión de ira, su abogado José María Serret, o su esposa Conchita, logran calmarlo, se hunde con un inconsolable lamento.

Ferrero pasó sus peores momentos en la cárcel de Carabanchel; primero, cuando sus compañeros de galería, un numeroso grupo de etarras, le hicieron el vacío; después, cuando se cumplió el plazo de 30 meses de prisión preventiva y el tribunal se negó a otorgarle la libertad provisional. Ferrero estuvo en huelga de hambre durante cerca de un mes, y aseguran que entonces "se quebró definitivamente su confianza en la justicia".

Un administrador huido

El clan familiar de los Bengoechea, propietarios de la empresa Rapsa, de San Sebastián, es quizá uno de los que con más firmeza ha soportado los embates del procedimiento judicial. "Les han unido aún más la adversidad y la confianza en que la verdad se impondrá por encima de todo", asegura Juan Franco Otegui, abogado y pariente suyo.

También lo han perdido todo. La empresa Rapsa sucumbió como consecuencia de los manejos del administrador judicial. Esta persona acabó huyendo a Brasil, llevándose los pocos fondos que quedaban y tras destruir los libros de contabilidad.

Los hermanos Fernando y Juan Miguel Bengoechea fueron espectadores, desde la prisión de Martutene (Alava), de los desmanes de aquel administrador. En reiteradas ocasiones pidieron que se relevara al administrador judicial y que se nombrara un profesional con capacidad para llevar un negocio de aquellas características. Pero el fiscal y el juez no atendieron esta petición, según afirman los abogados.

Los bienes muebles e inmuebles de la empresa Rapsa fueron subastados para pagar los salarios atrasados de los trabajadores. Mientras, el edificio que había albergado la firma se iba deteriorando poco a poco, hasta el punto de que la techumbre se desplomó y las ruinas servían de refugio a delincuentes y drogadictos. De Rapsa hoy no queda absolutamente nada.

Cuando los Bengoechea salieron de prisión intentaron volver al mundo de las grasas y del aceite, como comisionistas. Avanzan con muchas dificultades y a menudo se les han negado determinadas representaciones de productos importantes con la excusa de que antes debe aclararse su situación judicial.

Los Bengoechea han sido los más firmes defensores de las teorías del doctor Antonio Muro, fallecido en 1985, que descartaba que el síndrome tóxico hubiera sido causado por el aceite de colza y culpaba a los pesticidas utilizados en una plantación de tomates.

La empresa Aceites Valencia, propiedad de los hermanos Tomás y Agustín Baviera, era, por el volumen de sus negocios, la sexta del país. Habían logrado monopolizar prácticamente el mercado del aceite desde la costa de Tarragona hasta la de Málaga, al introducir un sistema de ventas ágil y dinámico.

Las dificultades económicas surgidas con los embargos judiciales han provocado un expediente de suspensión de pagos, el práctico cierre de la empresa y un expediente de crisis que acabó con los puestos de trabajo de cerca de un centenar de empleados. "Ahora vivimos gracias a la ayuda de familiares y amigos", ha asegurado Tomás Baviera.

Los hermanos Baviera, defendidos por el abogado José Ramón Casabó, son quizá los que con más serenidad se enfrentan a la vista oral. Reconocen que esta serenidad con la que se enfrentan al procedimiento se debe, en gran parte, a que en la zona donde viven y donde suministraron aceite no se produjeron enfermos ni muertes, por lo que la presión ambiental y psicológica es inferior a la que rodea a otros acusados.

"Para ellos lo más importante es no volver a la cárcel", afirma su abogado. Todo lo demás lo ven en un segundo plano.