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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El pulso de FECSA

LA MEDIDA adoptada por Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA) de suspender el pago del principal de los créditos bancarios significa un primer paso hacia la renegociación de su deuda. Cabe esperar que, inicialmente, antes de que comience la ronda de negociaciones prevista para abril, se produzca un pulso de amenazas veladas: FECSA cuenta, en la reserva, con el arma, al menos dialéctica, de la suspensión de pagos formal (hasta ahora se trata únicamente de una suspensión de pago del principal de un 45% de su deuda global de más de 600.000 millones de pesetas) si los bancos no se avienen a renegociar unas condiciones más favorables para la empresa. Los bancos, a su vez, disponen de un recurso temible y de consecuencias imprevisibles: la posibilidad de cortar el suministro de financiación al conjunto del sector eléctrico, con los problemas que ello podría acarrear a las empresas eléctricas. Todo ello, siempre que no haya alguna entidad financiera que exija ejecutivamente el pago de sus préstamos y provoque una suspensión de pagos formal que bloquee el panorama.Se abre así una nueva fase en la entidad, en la que un solo paso en falso de cualquier parte afectada podría tener unas consecuencias desastrosas. La negociación, que FECSA ha decidido plantear simultáneamente en varios frentes, será compleja y, por la multiplicidad de interlocutores, especialmente arriesgada.

Todo parece indicar que la banca extranjera apelará, en un primer momento, a la supuesta responsabilidad de la Administración, recordando las especiales características de su tutela sobre el sector eléctrico y sus continuas declaraciones en el pasado acerca de la situación del mismo (una coyuntura difícil pero sin previsiones de acciones anómalas). Y, ante ello, la Administración deberá intervenir de alguna forma en el diálogo. Pero no resulta admisible ninguna solución final que cargue sobre el conjunto de la ciudadanía el coste de la crisis de una empresa privada concreta: a ello se ha comprometido el titular de Industria y resulta imprescindible que ese compromiso se mantenga, so pena de seguir perpetrando nuestras tradicionales socializaciones de pérdidas.

El enfoque económicamente más sensato para resolver este problema parece ser, en principio, que los bancos acreedores asuman el riesgo que en cualquier caso implica su propia actividad, y acepten como mal menor que tras largos años de beneficios tengan que encarar un sacrificio. La salvaguarda del conjunto de sus riesgos en el sector eléctrico -más de dos billones de pesetas, aproximadamente, de un endeudamiento total de 4,1 billones- parece aconsejar algunas concesiones que eviten mayores daños. Esto, comprensiblemente, es dificil de aceptar por estas instituciones, fundamentalmente las extranjeras.

Y también se corre el peligro de que la Administración caiga en la tentación de cargar sobre el conjunto del sector y del país -que nadie se llame a engaño, sobre los ingresos futuros del sector; es decir tarifas- el coste del saneamiento de la propia FECSA.

La compañía catalana parece adoptar una postura pragmática: sus nuevos responsables han reconocido los errores anteriores y la magnitud de sus problemas, dando así el primer paso para una racionalización de todo el caso. A la compañía le corresponde mantener su actual prudencia y presentar a sus acreedores un conjunto de posibilidades realistas, por duras que sean, que conduzcan a una solución. En este sentido, algunos analistas mantienen dudas razonables sobre la suficiencia del plan diseñado, que consiste en líneas generales en una renegociación de plazos e intereses sin quitas ni moras en la deuda total.

El caso FECSA, tal como está planteado, ya sólo admite dos finales: o la consecución de un acuerdo que garantice la supervivencia patrimonial de la compañía, o la ruptura, lo que provocaría gravísimos quebrantos tanto a la banca nacional y extranjera como al sector eléctrico.

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