España no consiguió librarse de la financiación de los excedentes lácteos producidos por la CE

España perdió ayer, provisionalmente, en el Consejo de ministros de Economía y Hacienda su batalla por intentar librarse de participar en la costosa operación de eliminación de las "montañas" de excedentes de mantequilla acumulada en la Comunidad Europea (CE). La liquidación de 1,3 millones de toneladas de mantequilla almacenada, fue acordada en febrero por los ministros de Agricultura de los doce y confirmado la semana pasada.

La delegación española, respaldada por la portuguesa, consiguió entonces que se debatiera en la reunión de los ministros de Economía y Hacienda. Éstos lo examinaron ayer -formalmente será aprobado el lunes próximo, por los titulares de Asuntos Exteriores- pero su única concesión a la parte española consistió en aceptar encomendar a la Comisión Europea que estudie las consecuencias para sus dos nuevos miembros de una operación que costará 3.200 millones de ECU (unidad de cuenta europea equivalente a 146 pesetas) directamente con cargo de las Haciendas nacionales y de las arcas comunitarias.Madrid deberá abonar en el peor de los casos, según fuentes comunitarias, unos 335 millones de ECU con los costos de aplazamiento incluidos. A diferencia de los demás Estados miembros, España que sólo tiene almacenadas unas 10.000 toneladas, no tendrá que desembolsar esa cantidad a lo largo de los dos próximos años sino a partir de 1989 y hasta 1992.

Para intentar convencer a sus homólogos de que eximiesen a su Gobierno del pago de una cantidad que equivale a mas de la mitad del dinero que recibe del Fondo Social. Europeo, el ministro Carlos Solchaga, que encabezó la delegación española, presentó un memorándum -Portugal también lo hizo-, cuyo principal argumento es que España no ha contribuído a generar excedentes y que, por lo tanto, su eliminación debe ser costeada por aquellos que los han originado.

Como no tuvo demasiado éxito en esta labor y considera insuficiente el mandato dado por el Consejo al órgano Ejecutivo europeo, Solchaga añadió una declaración escrita en la que, además de emitir dudas sobre la legalidad de la decisión, insta a la Comisión a que proponga una solución "política y técnicamente" equitativa para España.

Concluye el ministro dando a entener que, si no encuentra una fórmula adecuada, Madrid se reserva el derecho de recurrir ante el Tribunal de Justicia o el de plantear la cuestión en una "cumbre" europea como hizo en su día el Gobierno de Londres para obtener sus famosas restituciones agrícolas. Portugal hizo una declaración similar a la española.

El comisario europeo encargado de la Agricultura, Frans Andriessen, ha reconocido en público que España tenía motivos para sentirse molesta a causa de esta operación y ayer admitió, según fuentes de la delegación española, que la legalidad de este desmantelamiento podía ser cuestionada.

Previsiones pesimistas

La reunión se inició con un debate en torno a la rectificación del Informe Económico Anual elaborado por la CE cuyas previsiones son ahora algo mas pesimistas que hace cinco meses sobre el crecimiento y el paro, y que invita a Alemania Federal a reactivar su economía y a adelantar su reforma fiscal para estimular así a sus socios europeos.

El titular español de Economía instó también veladamente a Bonn a ponerse a la cabeza del relanzamiento, al recordar que España habia jugado ya un papel en este aspecto al aumentar fuertemente sus importaciones de la CE en 1986. Los representes de la RFA repitieron su negativa a adentrarse por esa senda.