Los obstáculos de la transición mexicana
Al acercarse el momento de la sucesión presidencial en México, los obstáculos a salvar para asegurar una transición tranquila surgen y se esfuman a un ritmo vertiginoso. En términos generales, es factible vaticinar que la mayoría de los problemas internos que enfrentará el presidente Miguel de la Madrid en la desgarradora busca de su sucesor serán sorteados, mientras que los posibles tropiezos externos Podrán resultar menos fáciles de resolver. Dicho de otro modo, la sucesión actual tiene poco de nuevo: será dolorosa, pero se culminará con éxito, al igual que en todas las ocasiones anteriores desde 1934.Desde el punto de vista interno, el desafío mayor que el Gobierno mexicano ha tenido que hacer frente este año ha sido, obviamente, el movimiento estudiantil. Desatado el año anterior, por el descontento que provocaron las reformas universitarias propuestas por el rector de la universidad nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge Carpizo, el movimiento produjo manifestaciones gigantescas, no vistas en la ciudad de México desde 1968. En juego estaba la llamada modernización de la Universidad, considerada necesaria y deseable por todos, pero imposible de lograr sin afectar a la actual población estudiantil, tanto universitaria como de bachillerato. Frente a la resistencia de la juventud, y ante el riesgo de choques violentos en las calles de la capital del país al estallar la huelga universitaria, el Gobierno de Miguel de la Madrid optó por la solución de menor audacia y mayor sabiduría: sacrificar la reforma, aumentar en el 127% el presupuesto de la UNAM, aceptar la convocatoria de un congreso en la Universidad y, de hecho, desactivar el movimiento.
Desde luego no todo ha terminado. Puede haber coletazos de un movimiento provocado por las reformas, pero en gran parte debido a la desesperación de una juventud sin porvenir. Pero por ahora el Gobierno mexicano parece tener intacta su legendaria sensibilidad política. A la hora de las decisiones no hubo ansia modernizadora ni austeridad presupuestal que valiera frente el espectro de medio millón de jóvenes en la calle en plena sucesión presidencial. No es seguro que esta postura impere en otros ámbitos, pero es probable.
Una prueba será, sin duda, la ola de agitación obrera que comienza a sacudir a la industria mexicana. A principios de mes, por primera vez en muchos años, entró en huelga el sindicato mexicano de electricistas, que representa a los trabajadores eléctricos de la ciudad de México. El número de emplazamientos a la huelga también ha aumentado. La razón es sencilla: van ya demasiados años (cuatro) de contracción salarial, y las reservas de diversa índole que permitieron amortiguar los efectos de la austeridad se han desvanecido. Hasta ahora, el estado asistencial mexicano, aunado en 1984 y 1985 a una cierta creación de empleo, suavizó las repercusiones de la crisis.
Pero la desaparición del crecimiento económico y la reestructuración del estado asistencial en aras de una mayor racionalidad económica, así como la persistencia de elevadísimas tasas inflacionarias, han comenzado a obligar a la clase obrera mexicana a algún tipo de respuesta. Pero será más dificil para el Gobierno ceder en materia salarial que sobre la Universidad.
Lo segundo es un asunto que apenas rebasa sus propios límites; lo primero tiene que ver con el conjunto entero de la política económica y de deuda externa que ha puesto en práctica el presidente De la Madrid. En efecto, a mediados del año pasado, frente a la opción de suspender los pagos de intereses sobre la deuda externa mexicana, de casi 100.000 millones de dólares, buscar afanosamente nuevos créditos para seguir pagando, el Gobierno escogió esta última vía.
Al cabo de largas y penosas negociaciones logró un acuerdo que incluía más de 13.000 millones de dólares en fondos frescos y una profundización de la llamada reforma estructural de la economía mexicana.
Apertura frente el exterior, privatización, recortes de subsidios, austeridad fiscal, contención salarial: éstas eran las principales características de la nueva condicionalidad de la comunidad financiera internacional. Pero el paquete mexicano, a más de un año del comienzo de las negociaciones que le dieron vida, aún no despega.
Prestar dinero
Aunque la firma del convenio con la banca privada está prevista para el 20 de marzo, hasta la fecha los bancos comerciales se han mostrado sumamente reticentes: no quieren prestarle más dinero a México. En parte se oponen porque creen que la idea misma de prestar dinero nuevo para cobrar los réditos sobre el dinero viejo se ha vuelto aberrante. Sin embargo, su negativa también proviene de cierto escepticismo frente al cumplimiento mexicano de los compromisos asumidos en materia de reforma estructural.
Si el Gobierno actúa con prudencia y moderación en lo interno, realizando sólo aquellos cambios que la población acepte, y reculando ante aquellas reformas que la gente rechace, corre el riesgo de enajenar a sus acreedores externos y dificultar el desembolso de nuevos préstamos a los cuales los bancos están de por sí reacios. Esta táctica encierra además el grave inconveniente de¡ salto al vacío: la población en México ya no sólo se opone a la austeridad, sino que comienza a exigir cambios, pero de una naturaleza muy distinta a la que pretende el Gobierno.
He aquí la gran lección de la impresionante manifestación obrera y estudiantil del 3 de marzo: una de las demandas centrales de la marcha fue, justamente, la suspensión de pagos de la deuda externa. El ejemplo de Brasil estaba a la vista de todos los manifestantes. Y no sólo de ellos.
La decisión de Brasil de suspender indefinidamente los pagos de intereses mientras negociaba un nuevo arreglo con sus acreedores ha ejercido una gran presión sobre el Gobierno.
Por una parte, ha mostrado que, otros países sí han optado por salidas distantes a la mexicana ante la crisis de la deuda externa. Pero, por otro lado, la ausencia por ahora en todo caso de represalias de gran envergadura contra Brasil con motivo de su acción unilateral ha puesto en tela de juicio la credibilidad del Gobierno mexicano en un terreno en el que los habitantes del país aún le creían. En efecto, desde 1983 las autoridades han insistido en la imposibilidad de declarar una moratoria debido a las consecuencias nefastas que tendría para el país.
Para los dirigentes, la prioridad actual es asegurar una sucesión ordenada y tranquila. No hay razón para dudar que esto ocurra, pero las piedras en el camino pueden ser múltiples. Apegándose a la tradición mexicana -y maoísta- de la política al puesto de mando, los retos internos serán superados. En cuanto a los externos, son por definición imprevisibles e incontrolables. Pero pueden ser manejados y circunscritos a límites tolerables. Cerciorarse que éste sea el caso el la asignatura pendiente para los próximos meses.
