El fiscal rebaja a una multa su petición contra los ocupantes de un local deshabitado en Madrid

El juicio de 17 jóvenes que participaron en noviembre de 1985 en la ocupación de un local en la calle del Amparo, 83, de Madrid, quedó ayer visto para sentencia. El fiscal, que pedía en principio dos meses de cárcel para 15 de los acusados por un supuesto delito de coacciones, rebajó su petición a 5.000 pesetas de multa para el total de los inculpados. La defensa estima que no hubo coacciones "porque los propietarios no se presentaron en el local, que lleva 16 años deshabitado, mientras duró la ocupación".

El viejo almacén de la calle del Amparo fue ocupado el 1 de noviembre de 1985 por una veintena de jóvenes. La ocupación duró hasta el 11 de noviembre, en que la policía desalojó y detuvo a una decena de jóvenes que pernoctaba en el interior.En el escrito de acusación, el fiscal pedía penas de dos meses de cárcel y 50.000 pesetas de multa para 15 de los acusados; para los dos restantes, menores de, edad, se solicitaban multas de 40.000 y 20.000 pesetas, con 60 días de arresto sustitutorio en caso de impago. Se les acusaba de un delito de coacciones contra el propietario.

El juicio se celebró ayer por la mañana en el Juzgado de Instrucción número 22, en la madrileña plaza de Castilla. Durante más de tres horas fueron desfilando los acusados y una veintena de testigos, citados a petición de la defensa.

Cinco letrados del Grupo de Abogados Jóvenes defendieron a los acusados e insistieron en la inexistencia de coacciones.

Escrito de acusación

El escrito de acusación del fiscal estimaba que cuatro de los inculpados, "puestos de previo y común acuerdo", habían entrado en el inmueble deshabitado tras romper una ventana. El fiscal basó esta acusación en un atestado que levantó la policía el día de la ocupación. Los acusados, sin embargo, manifestaron haber llegado al local cuando ya había varias personas dentro. Todos ellos afirmaron desconocer que los primeros ocupantes habían entrado tras romper una ventana.

Uno a uno, el resto de los acusados fue repitiendo más o menos la misma versión. Según sus testimonios, ninguno estuvo presente en el momento de la ocupación; todos habían llegado allí después de enterarse a través de conocidos o de los medios de comunicación. Los acusados afirmaron que las puertas del local estuvieron siempre abiertas.

Carlos García Tapia, director de Unión Iberoamericana de Promociones Industriales y Comerciales (UIPIC), propietaria del inmueble ocupado, afirmó en junio de 1986: "Para nosotros, el asunto terminó cuando los jóvenes fueron desalojados". Según Tapia, la empresa presentó una denuncia por la ocupación, pero no tuvo nada que ver en la acusación contra los jóvenes. Carlos García Tapia estaba citado como testigo, pero no acudió ayer al juicio.

Varios testigos participaron también en la ocupación. También fueron citados algunos vecinos, que afirmaron haber colaborado con los jóvenes y haber asistido a una obra teatral en el inmueble.

Ya en el turno de las conclusiones, el fiscal rebajó su petición inicial a 5.000 pesetas de multa por una falta de coacciones. Por su parte, la defensa insistió en que "en ningún momento se ha coartado el derecho a la propiedad legítima del propietario". Los abogados se refirieron también a la falta de pruebas para corroborar la acusación. del fiscal.

La magistrada Lourdes Sanz, titular del Juzgado de Instrucción número 22, dio por terminado el juicio pasadas las 14.30. Se espera que la sentencia no tarde más de una semana.