El Vaticano no entregará a Marcinkus, aunque dice que este quiere colaborar

El Vaticano rompió ayer su silencio sobre el caso del arzobispo norteamericano Paul Marcinkus, cuya detención ha sido solicitada por los jueces de Milán, con un duro comunicado en el que se sugiere que éste no será entregado a la Magistratura italiana y se afirma que el acusado se ha manifestado dispuesto a colaborar con la justicia. El Vaticano expresa su "profunda sorpresa" por las decisiones de la Magistratura italiana, que "a tanto tiempo de los hechos relativos a la quiebra del Banco Ambrosiano" ha pedido la detención de los máximos directivos del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco del Papa.

El comunicado agrega que esa sorpresa obedece a que "no han intervenido elementos nuevos" en el caso. Ello querría decir que el Vaticano conoce ya las motivaciones sobre las que se han fundado los jueces milaneses para emitir la orden de detención. Porque, de lo contrario, no se explica que el Vaticano pueda saber si hay o no nuevos elementos en la investigación.Al parecer, hace una semana, cuando se empezó a rumorear que los magistrados de Milán estaban acabando la instrucción del sumario sobré el Banco Ambrosiano y se disponían a tomar medidas judiciales, fue a conversar con ellos el abogado personal del arzobispo Marcinkus. No se sabe lo que hablaron, pero el abogado volvió de Milán sin que los jueces lo informasen de las decisiones, que ya habían adoptado, de pedir la detención de Marcinkus, presidente del IOR, y de sus dos colaboradores seglares Pellegrino de Strobel y Luigi Menini.

A continuación, el comunicado afirma que está dispuesto a acogerse al artículo 11 del tratado entre la Santa Sede y el Estado italiano, de 1929, firmado por Benito Mussolini y el cardenal Gasparri, que reza así: "Los organismos centrales de ¡á Iglesia católica están exentos de todo tipo de injerenno". Se trata de la lista de personalidades vaticanas consideradas intocables, que cada tanto actualiza la Santa Sede y en la que figura el arzobispo Marcinkus.

Esta decisión parece una respuesta a los expertos del Ministerio de Justicia, que están estudiando la forma de poder cumplir con las órdenes de detención contra los banqueros vaticanos. Éstos habían dado a entender el jueves que podría echarse mano del artículo 22 de dicho tratado entre el Vaticano y el Estado italiano, según el cual, "la Santa Sede entregará al Estado italiano las personas que se hubiesen refugiado en el Vaticano acusadas por actos cometidos en territorio italiano que se consideran delitos por parte de las leyes de ambos Estados".

Y un caso concreto de estos delitos es "la quiebra fraudulenta y agravada", que es de lo que se acusa a Marcinkus y los otros dos directivos del IOR. Contra el artículo 22, el Vaticano desempolva el artículo 11.

Clarificaciones

El comunicado acaba diciendo que, a pesar de esta excepción, a la que tiene derecho la Santa Sede, sin embargo, el arzobispo Marcinkus "personalmente" se declaró desde el principio "dispuesto" a ofrecer a los jueces de Milán clarificaciones y documentos, "como lo ha hecho puntualmente durante toda la fase de instrucción".Se había creado así, dice la nota vaticana, "una sustancial y leal colaboración con la Magistratura italiana". De ahí la "profunda sorpresa" de que, a pesar de dicha "generosa" colaboración de Marcinkus, los jueces hayan acabado pidiendo la cárcel para él y para sus ayudantes.

Los jueces milaneses no han respondido aún a este desafío del Vaticano. Se plantea ahora un grave caso contencioso jurídico-diplomático internacional, al que sólo la gran capacidad mediadora y la sutil jurisprudencia italiana podrá acabar resolviendo.

El Vaticano adopta una actitud de dureza, probablemente para poder después llegar a un compromiso. Cuando se le pedía como resarcimiento de daños por la quiebra del Ambrosiano 800 millones de dólares (104.000 millones de pesetas), el Vaticano, tras un acuerdo con Italia, y tras los resultados de la investigación de una comisión mixta entre ambos Estados, acabó pagando sólo 240 millones de dólares (31.000 millones de pesetas).

Ahora que los jueces de Milán piden la cárcel para Marcinkus, De Strobel y Menini, podría acabar todo ofreciéndose, como parece que se está ya ventilando por parte de la Santa Sede, la disponibilidad de Marcinkus a declarar, pero sin esposas, es decir, sin que antes se haya dado curso a una detención propiamente dicha, cosa que jamás aceptará el papa Juan Pablo II para su estrecho colaborador y amigo personal de tantos años.