El Almirantazgo argentino se opone a los juicios, aunque acata la Constitución

El Almirantazgo argentino levantó a la una de la madrugada de ayer una prolongada sesión en el edificio Libertad -sede de la comandancia del arma- para analizar las citaciones judiciales a marinos en retiro y en activo, a cuenta de la causa abierta por las atrocidades cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) entre 1976 y 1979. El resultado de la reunión fue el acatamiento de la Constitución por parte del Almirantazgo, pese a la resistencia al enjuiciamiento de los marinos, a los que se expresó un apoyo total.

Toda la tarde del miércoles, Buenos Aires fue un avispero de rumores que llegaban a especular con el pase a retiro del vicealmirante Ramón Arosa, jefe del Estado Mayor de la Armada. Éste a las 2.25, envió el siguiente radiograma a las unidades bajo su mando: "El jefe del Estado Mayor, con su consejo de almirantes, analizó la gravísima situación surgida del juzgamiento de alguno de sus hombres por la participación que a toda la Armada cupo en la lucha contra el terrorismo subversivo. Estudiada la situación y las posibles alternativas, los almirantes todos coinciden en que la consolidación del futuro nacional exige actuar con las responsabilidades que requiere la reafirmación de los principios que son fundamento de la República. La Armada, dentro de este contexto, apoyará a sus hombres con todos los medios legales ( ... ). No hay otro camino para sostener la vigencia de la justicia ( ... ) que afrontar estas circunstancias en el marco jurídico, empeñando en la defensa de sus hombres toda la fuerza de nuestra convicción ( ... )".El radiograma del vicealmirante Arosa implicaba al menos, y pese a sus reticencias, un acatamiento formal de la Marina al poder político y al poder judicial. Pero la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional se mantuvo firme en la aplicación de la ley; en este caso, el Código de Justicia Militar: los seis almirantes citados para las ocho de la mañana del miércoles para deponer sobre la causa de la Esma, y que no comparecieron a horario -Antonio Vañek, Julio Torti, Óscar Montes, Manuel García Tallada, Humberto Barduzzi y José Supissiche, todos en retiro-, fueron declarados rebeldes y se ordenó al Ministerio de Defensa su busca y captura.

Los seis almirantes estaban en sus domicilios porteños resistiéndose a comparecer durante diez horas y media; el Ministerio de Defensa fórcejeó con el Almirantazgo para que fueran convencidos u obligados apresentarse en el Palacio de los Tribunales. Finalmente fueron conducidos ante la Cámara Federal por almirantes en actividad, aunque la Armada emitió un comunicado afirmando que habían terminado por presentarse voluntariamente. La Cámara no les tomó declaración y ordenó su detención en el Palacio de Justicia.

Pasaron la noche en la Unidad Penal 22, cárcel preventiva de máxima seguridad próxima a los tribunales, donde espera su juicio José López Rega, y los camaristas insisten en que, de no probar los almirantes su imposibilidad natural de comparecer a la hora fijada, deberán ser dados de baja en la Armada.

De los otros dos jefes convocados el miércoles -dos capitanes de navío en retiro-, uno adujo hallarse en el extranjero y el otro está prófugo reclamado por el secuestro de dos hijos de desaparecidos. La mañana del jueves no calmó los ánimos. Hasta mediodía, estaban citados seis capitanes de navío, cinco de ellos en actividad. De ellos, sólo uno accedió a ser interrogado por los jueces; tres se limitaron a dar su nombre, rango y número, como si se encontraran presos por una fuerza extranjera; uno adujo enfermedad para no presentarse, y otro dio fe por sus abogados de encontrarse en viaje por el exteriór. La Cámara decidió la detención de todos ellos y su traslado, junto a los seis almirantes, al buque Bahía Paraíso.

La Marina argentina, en suma, aceptó entregar a la justicia a los tres triunviros navales de las primeras juntas militares de la dictadura: los almirantes Massera, Lambruschini y Anaya. Pero desde la restauración de la democracia dejaron bien claro que no aceptarían otros procesamientos, y mucho menos el de oficiales en activo, y dieron denonadas batallas jurídicas y políticas por evitar el procesamiento del teniente de navío Alfredo Astiz.

Ahora, la Marina no se rebela porque no puede; no existe espacio económico, político, social, histórico para otro golpe militar.