El Gobierno ofrece a las autonomías la 'vía alemana' para acceder a Europa

El ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, enumeró recientemente los problemas administrativos que le plantea al Estado de las autonomías la incorporación en la Comunidad Europea (CE). Primero, resolver la necesidad de salvaguardar "la unidad de acción en el exterior y la unidad de representación en las instituciones europeas, con el respeto a la pluralidad de quienes ostentan poder político en nuestro Estado". Segundo, clarificar quién aplica el derecho comunitario en un país en el que existen 17 Gobiernos autonómicos con algunas "competencias exclusivas". Tercero, combinar la responsabilidad del Estado como único sujeto de derecho internacional, con la petición de las autonomías de que la incorporación a Europa no sea una excusa para alterar la distribución de competencias refrendada por la Constitución.

El Gobierno socialista hizo su primera oferta a las Comunidades Autónomas (CC AA) para abordar su presencia en la Comunidad Europea, a finales de 1985. Fue el entonces ministro de Administraciones Territoriales, Félix Pons, quien negoció con los gobiernos autonómicos un proyecto de convenio que, tras la discusión, se convirtió en un texto nuevo a mediados de 1986. Su tramitación quedó paralizada entonces por la convocatoria de elecciones legislativas.Los gobiernos autónomicos están a la espera del nuevo convenio, ya anunciado por Almunia, que aún carece del visto bueno inicial del Consejo de Ministros. El retraso en su presentación fue justificado por el ministro argumentando la trascendencia que tuvo la negociación y el acuerdo del nuevo sistema de financiación autonómica.

Se conocen, sin embargo, las grandes líneas de la postura gubernamental y no difieren en lo esencial de la propuesta de Félix Pons y de la promesa del presidente del Gobierno, Felipe González, al portavoz de la Minoría Catalana, Miquel Roca, durante el debate de investidura. Se trata, como en el caso del sistema electoral al Parlamento Europeo, de seguir el modelo alemán.

El pasado día 3 de febrero, Almunia adelantó a los miembros de la Comisión Mixta para las Comunidades Europeas algunos datos sobre el proyecto del convenio para facilitar la presencia de las CC AA en Bruselas y para que participen en la elaboración de los puntos de vista que defenderán los representantes españoles. La piedra angular de la fórmula son las conferencias sectoriales. Éstas serán unas reuniones entre el ministro correspondiente con los consejeros homónimos de los gobiernos autonómicos, en las que se tratará sobre la postura que debe mantenerse en el Consejo de Ministros comunitario o en los comités sectoriales de la CE.

Estas conferencias sectoriales se complementarán, según lo expuesto hasta ahora por Almunia, con la creación de la figura del Observador de las CC AA en el seno de la delegación española permanente ante la CE.

'El Observador autonómico'

Este observador sería en realidad, de prosperar la fórmula, un órgano unipersonal (una persona, que podría ser rotatoria, asesorada por un equipo de colaboradores, fruto de un acuerdo entre las 17 CC AA), con voz aunque sin voto en la delegación española. En ningún caso, subrayó el ministro, "un embajador bis", precisando con ello que la voz de España ante los 11 socios europeos debe ser una, y que las posiciones -y por tanto las discusiones deben tomarse en el seno de las conferencias sectoriales.Maciá Alavedra, diputado de la Minoría Catalana e interlocutor del Gobierno en estos temas, subrayó sus diferencias con el proyecto afirmando que "cuando se discutan en Bruselas cuestiones que afecten a competencias exclusivas de las CC AA, lo lógico es que la postura española esté determinada por los representantes de aquéllas".

Alavedra se mostró partidario de la participación autonómica en la delegación española "pero no como simples observadores, y no únicamente uno en nombre de 17". El diputado opinó que la delegación es suficientemente amplia como para que las tres comunidades históricas están permanentemente representadas". En todo caso, anunció, su grupo solicitará que "siempre que se aborden cuestiones culturales o idiomáticas esté garantizada la presencia catalana".

Relaciones directas

El PNV, que ya convocó en 1932 el Aberri Eguna (día de la patria vasca) con el lema Euskadi-Europa, reivindica en la práctica la posibilidad de tener representación directa ante los organismos comunitarios en Bruselas y capacidad de influir en la formación de los criterios del Gobierno español que afecten a competencias exclusivas de su comunidad, informa Victorino R. de Azúa.

Euskadiko Ezkerra ha defendido en ocasiones la posibilidad de utilizar los mecanismos comunitarios para abrir relaciones económicas e institucionales con el País Vasco francés. HB mantiene posiciones diferentes: los abertzales se muestran muy críticos respecto a la integración española en las Comunidades Europeas, por entender que reduce y condiciona aún más las posibilidades de alcanzar una verdadera soberanía política en Euskadi y por estimar que ello perjudica a los trabajadores vascos.

La Junta de Andalucía considera que la representación de todas las comunidades autónomas ante la CE mediante un sólo interlocutor con voz pero sin voto, tiene un carácter meramente formal y permite otras vías de comunicación paralela en niveles inferiores. En esta dirección, la Junta andaluza dispone de una secretaría general de Planificación y Relaciones con las Comunidades Europeas, con rango de viceconsejería, que mantiene "presencia, relaciones permanentes e impulsa iniciativas a través de diversas vías que sirven para resolver problemas", señala el presidente, José Rodríguez de la Borbolla, informa Carlos Funcia. Este tipo de relaciones "no se plantean formalmente", según el presidente de la Junta de Andalucía, "ni colisionan con la representación del Estado".

Toda la oposición a la Xunta de Galicia ha criticado la falta de una representación de esta comunidad ante los organismos comunitarios, y que este papel lo ejerza en estos momentos en la práctica, y exclusivamente, un ciudadano de nacionalidad francesa. Para constrarrestar estas críticas, un portavoz gallego afirma que "la Xunta tiene mucho interés en consolidar una representación en Bruselas", informa Xosé Manuel Pereiro. La Xunta aliancista, ahora inmersa en los problemas de su propia supervivencia, nunca ha hecho declaraciones formales sobre su presencia en Europa, y el presidente Fernández Albor, consultado recientemente por este periódico, rehusó hacer declaraciones sobre el tema.