Una bandera pirata

LA INTERRUPCIÓN y el bloqueo del claustro de la universidad Autónoma de Barcelona que se celebraba en los locales del Colegio de Abogados constituye un episodio más del conflicto estudiantil. El claustro se celebraba fuera del recinto de Bellaterra, lo que evidenciaba ya hasta qué punto era imposible la convivencia dentro del mismo; los manifestantes eran un grupo fuerte, pero minoritario, y la irrupción fue tumultuosa, presidida por una bandera pirata, a medias entre un estilo festivo e intempestivo y fúnebre -caras tapadas, insultos, quema de periódicos.El episodio muestra hasta qué punto se ha corrompido la situación en la universidad catalana. Los errores de los miembros del equipo rectoral -una coalición de catalanistas moderados y radicales, comunistas y otras izquierdas- habían sido de bulto. Días atrás, cuando empezó el encierro estudiantil en Bellaterra, no supieron discernir si se hallaban ante un problema puntual o ante una puesta en cuestión de toda la situación de la universidad, y optaron por intentar dejar pudrir el problema de la ocupación para que el tiempo y el cansancio les resolvieran la papeleta. El equipo rectoral quiso ahorrarse la decisión de llamar a las fuerzas policiales o la de solventar el conflicto con su propia energía. Este error de cálculo le obligó, dos semanas después, a sumar al desgaste del tiempo perdido el de acabar requiriendo las medidas policiales y determinando el cierre indefinido de las facultades.

La actuación autoritaria del equipo rectoral sucedía a una primera fase extremadamente dialogante por su parte, hasta el punto de que un sector estudiantil pudo confundir la negociación -con el rector Pascual asistiendo continuamente a asambleas, pese a la situación de secuestro en que se encontraba el edificio- con simple debílidad. En la senda de los despropósitos, se fue llevando el problema hacia el choque con la policía, cuando con un poco más de firmeza en los momentos claves iniciales quizá podría haberse evitado el marasmo posterior.

Los errores de la generación dirigente -y hay que hablar obligatoriamente de generación, compuesta por profesores de indudable historial democrático que hace 15 años se manifestaban en las calles contra la dictadura, aunque con banderas rojas en lugar de negras- quedan así establecidos. Pero en ningún caso pueden servir para tapar las incongruencias que encierran determinadas actitudes estudiantiles.

El sector de estudiantes que ocupó Bellaterra y abortó la reunión del claustro comparte con otros del movimiento contestatario una serie de reivindicaciones razonables, pero las unía a otras del todo discutibles. Si al principio pedía -y fue atendido- cosas como el aumento del número de autobuses para acceder al campus o la gratuidad de los certificados de estudios para las prórrogas militares, en el momento del desalojo lo que esgrimía era una exigencia de suprimir los exámenes o de acabar absolutamente con los límites de convocatorias para aprobar las asignaturas.

Paralelamente, se iban relevando sus representantes, de modo que al final ya casi no se sabía quién negociaba, y el rector se sentaba a una mesa de conversaciones en la que el otro lado carecía de capacidad de comprometer en ningún sentido a la masa estudiantil. Una negociación sólo es posible y eficaz -como se ha demostrado en la del ministerio y los organismos representativos de los escolares- cuando se concretan posiciones y se huye del caos.

El bloqueo del claustro supuso un paso más en la línea iniciada con la ocupación del rectorado: el intento de negar la legitimidad democrática de la situación universitaria, recientemente instrumentada con todas las garantías. Y, por extensión, el intento de negar la legitimidad democrática per se.

Esta búsqueda de un punto de no retorno parece bien representada en la calavera de la bandera de los ocupantes. Puede ser la del cadáver que será la Universidad si los equipos rectores y los estudiantes no reasumen sus propias responsabilidades.