El próximo censo de la RFA servirá para controlar a la población, según los 'verdes'

El Partido de los Verdes ha hecho un llamamiento a la población de la República Federal de Alemania (RFA) para boicotear el censo que el, Gobierno quiere realizar el próximo 25 de mayo. Según el partido ecopacifista, el censo es un paso más hacia el control informático total de la población por parte del Estado, no garantiza el anonimato y los datos resultantes podrían ser utilizados por la policía, el fisco y otras autoridades, dada la creciente interconexión entre los bancos de datos de diversos órganos de la RFA.Con su llamamiento al boicoteo, los verdes se sitúan en abierta oposición a un acuerdo, ya ley aprobado en el Parlamento con los votos de todos los demás partidos democristiano (CDU-CSU), liberal (TDP) y socialdemócrata (SPD).

El 25 de mayo, el Gobierno intenta por segunda vez la elaboración de un censo actualizado tras su rotundo fracaso político en 1983, cuando el Tribunal Constitucional vetó el censo proyectado, ya que exigía datos que violaban la intimidad de los ciudadanos, Aquel censo incluía una serie de preguntas sobre la conducta de los ciudadanos que, según el más alto tribunal federal, violaba la "autodeterminación informática". Este concepto, con el que el Tribunal Constitucional estableció que los datos personales son propiedad de cada ciudadano, supuso un hito legal en la lucha por la protección de los datos personales frente a los intentos del Estado por hacerse con un banco de datos cada vez mayor sobre los ciudadanos.

Las preguntas del censo, 18 en un pliego personal y 15 sobre las características de la vivienda, no suponen, según los partidos que apoyan la iniciativa, ningún riesgo para la intimidad personal y son necesarias para dotar a las Administraciones federal, estatal y municipal de datos actualizados para una gestión aciecuada a las necesidades, ya que el último censo de 1970 ha quedado obsoleto. El censo es obligatorio, Todos los adultos deberán rellenar su formulario, y en caso contrario podrán ser penalizados con multas de hasta 10.000 marcos (unas 700.000 pesedas).

Expertos estadísticos han establecido que si boicoteo es seguido por más de un 5% de la población, el censo quedará prácticamente invalidado.

Los ternores a una utilización indebida del censo han aumentado con las nuevas leyes antiterroristas, que permiten el acceso a los bancos de datos de tráfico a la policía y los servicios secretos. También se pone en duda el carácter anónimo del censo. Bastan 10 datos del formulario para identificar a la persona que lo rellenó.