Hacienda decidirá en varios días sobre las devoluciones

El Ministerio de Economía y Hacienda se tomara varios días para pronunciarse sobre la eventualidad de proceder a devolver por los ayuntamientos o por la propia Administración central las cantidades cobradas en exceso, a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional, a más de seis millones de contribuyentes que han pagado desde 1984 tipos superiores al 20% en la contribución urbana y al 20% en la rústica.

Aunque los servicios de la Hacienda central ya habían estudiado las repercusiones económicas de una sentencia de inconstitucionalidad (EL PAÍS de 10 de enero de 1987), Fuentes del Ministerio informaron a últimas horas de la tarde de ayer que estaba siendo redactada una nota oficial para informar que la sentencia será analizada con detenimiento. Las decisiones concretas, de acuerdo con las mismas fuentes, no serán adoptadas antes de varios días, una vez que el Gobierno y los representantes de los ayuntamientos expresen sus posiciones sobre la forma más adecuada para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional.

Si bien algunos portavoces municipales anticiparon ayer el criterio de que el fallo del Tribunal Constitucional no precisa que debe procederse a las devoluciones, un alto cargo del fisco manifestaba anoche que "no caben más recursos". Otras fuentes del ministerio precisaron que la sentencia impide que los ayuntamientos aprueben subidas de tipos por encima de lo expresamente declarado en una ley surgida del Parlamento, lo cual no supone obstáculo alguno para que las Cortes puedan tramitar leyes con tipos superiores a los citados del 20% y del 10%.

Esta última salida, que consistiría en enviar al Parlamento una nueva ley, fue acariciada el pasado año por el fisco como alternativa para evitar unas devoluciones consideradas extremadamente complejas. Pero la proximidad del proceso electoral en los ayuntamientos parece haber contribuido a olvidar tales iniciativas.

Problemas diversos

No obstante, el devolver la parte de los recibos de la contribución declarada inconstitucional presenta grandes problemas técnicos y económicos. En unos casos -Madrid y Barcelona, principalmente-, las contribuciones excesivas fueron cobradas por los propios ayuntamientos -con la intervención de recaudadores privados-, y en otros por Hacienda, en nombre de los municipios, pues la urbana es el principal impuesto de los ayuntamientos (unos 90.000 millones de pesetas al año). De cualquier modo, prescindir de unos; ingresos tan sustanciosos como los logrados por tipos superiores a los constitucionales supondría un problema que complicaría la ya delicada situación financiera de muchos municipios españoles, en especial de los que se sintieron inducidos a subir los tipos (otros confiaron sus aumentos de recaudación principalmente a la elevación de valores catastrales).Según las primeras estimaciones de Hacienda, el volumen de devoluciones ascendería a 9.000 millones de pesetas por los recibidos correspondientes a 1984 (los cobrados en 1985 por 840 ayuntamientos), otros 11.900 por los de 1985 (facturados por 1.300 ayuntamientos) y cerca de 15.000 millones por los de 1986. El volumen medio rondaría las 5.800 pesetas por contribuyente.