La CE elabora una directiva que prohibirá el uso de información confidencial en la inversión en bolsa

La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Comunidad Europea (CE), ha elaborado una propuesta de directiva para prohibir determinadas operaciones realizadas en bolsa que proporcionan beneficios seguros a quienes poseen información confidencial y decisiva. La nueva normativa será discutida por los Estados miembros, y una vez aprobada, será de obligado cumplimiento. La directiva satisface las peticiones de las propias bolsas, sobre todo después de que algunas operaciones hayan vuelto a sembrar la duda sobre la pureza de algunos de los factores que hacen subir el valor de las acciones.

La nueva normativa comunitaria definirá (qué tipo de operaciones entra en lo que puede definirse corno aquellas en las que se obtiene lucro gracias a la información confidencial que poseen determinadas personas (insider trading). La directiva se inscribe además en la reforma del mercado interior comunitario, para impedir condiciones desiguales de competencia, dado que, dentro de la CE, unas bolsas tienen reglas más flexibles que otras, Además, dentro del Mercado Común son cada vez más las sociedades con cotización simultánea en bolsa en varios países comunitarios.La propuesta de directiva, cuyas discusiones para su aprobación se iniciarán en breve, es una decisión reciente de la Comisión Europea, aunque desde hace años existen estudios sobre la necesidad de la reforma. El desencadenante fundamental han sido ciertos escándalos bolsísticos en EE UU y su extensión a la City de Londres. El más reciente es el que involucra a la compañía británica Guinness, en el que aparece mezclado Iván Boesky, un especulador norteamericano al que en noviembre de 1986 le fue impuesta una sanción de 100 millones de dólares por sus operaciones ilícitas en Wall Street.

Este tipo de operaciones constituyen delitos en el Reino Unido y son consideradas ilegales también en Francia. El Gobierno británico ha planteado incluso a los representantes de la Bolsa de Londres la posibilidad de reforzar el reglamento sobre las operaciones de control del capital de las sociedades para evitar que se reproduzcan escándalos de este tipo. En los restantes países comunitarios, incluida España, no existe ninguna normativa sobre estos aspectos. En las reuniones de la Federación Internacional de Bolsas de los últimos años se han discutido ponencias en las que se solicita de los Gobiernos una regulación de estas prácticas abusivas que distorsionan los mercados de valores.

Cambios en España

Al margen de la nueva normativa comunitaria, la Bolsa de Madrid tiene en estudio un plan para mejorar el funcionamiento del mercado bursátil. Entre las medidas a tomar se contempla prohibir el acceso del público. También está la aplazada reforma de las bolsas, con la posibilidad de que las sociedades mediadoras puedan contratar directamente. Actualmente, los agentes de cambio y bolsa son los únicos intermediarios autorizados para la compra y venta de acciones.

A pesar del boom bolsístico en España no han trascendido escándalos ni operaciones que pudieran considerarse ilícitas. Entre otras cosas, según diversas fuentes, porque la ausencia de normativa hace muy dificil precisar dónde está el límite entre lo que es información válida para adoptar las decisiones de invertir o realizar beneficios y el uso de información confidencial en beneficio propio.

Las sociedades intermediarias en este tipo de inversiones cuentan con facilidades para obtener beneficios seguros aprovechándose del conocimiento que les proporcionan las decisiones adoptadas por sus clientes. Su dinero va al amparo de otras inversiones que por su cuantía van a garantizar la subida de determinado valor. En este tipo de operaciones, los enterados realizan beneficios con rapidez.

La falta de transparencia del mercado ha suscitado dudas sobre ciertas ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA), en las que algunas personas se habrían beneficiado de conocer de antemano esa decisión a adoptar por parte de alguna empresa. También la compra de un 10% de las acciones de Popularinsa por parte del grupo March al Hispano y la ventajosa venta posterior de un paquete del 20% al Popular sirvieron para que el presidente del Banco Popular, Luis Valls, se quejara de que era una operación ajena a las prácticas habituales.