Kinnock acusa, a Thatcher de corromper la ley y el orden

El líder de la oposición laborista, Neil Kinnock, hipnotizado por el fantasma de una posible violación de la seguridad nacional, acusó ayer a la primera ministra británica, Margaret Thatcher, de "terminar con el imperio de la ley y con el prestigio de la policía", por las recientes acciones de Scotland Yard contra el semanario New Statesman y la central de la BBC en Escocia. Pero tanto Kinnock como el responsable laborista para temas de política interior, Gerald Kaufinan, dejaron pasar la ocasión sin agarrar el verdadero toro por los cuernos: la reforma de la ley de Secretos Oficiales, vigente desde 1911.

"La primera ministra", dijo Kinnock en el tiempo de preguntas que los diputados de la Cámara de los Comunes dirigen al jefe del Ejecutivo, "utiliza la seguridad nacional para tapar su propia incompetencia, con el resultado de que está terminando con el imperio de la ley y el prestigio de la policía".Por su parte, la señora Thatcher preguntó al líder de la oposición, después de acusarle de "gritar histéricamente", por qué "una vez más se dedicaba a atacar a la policía en lugar de pedir que se investigara una filtración que afectaba a la seguridad nacional".

La primera ministra negó rotundamente que el Gobierno hubiera dado órdenes a la policía para que llevara a cabo registros en la revista New Statesman y en la sede de la BBC en Escocia, así como en el domicilio del periodista Duncan Campbell, autor de un artículo y de un programa de televisión sobre la construcción de un satélite secreto de comunicaciones.

Agentes de la Special Branch (brigada especial) de Scofiand Yard se personaron con un mandato judicial en la sede de la BBC en Glasgow el pasado sábado y se incautaron de una gran cantidad material escrito y filmado.

"La policía solicita de los tribunales los mandatos judiciales, y éstos deciden sobre su procedencia. El día que esto no ocurra así será el fin de la democracia", dijo Thatcher.

Los argumentos esbozados por la primera ministra y el, líder de la oposición constituyeron la base del debate que siguió a continuación, protagonizado principalmente por Kaufman, ministro del Interior en la sombra, y el secretario del Interior, Douglas Hurd. Kaufinan afirmó que nadie dudaba de la "necesidad de proteger la seguridad nacional", pero que habían pasado varios meses desde que el Gobierno tuvo conocimiento de la existencia del programa de la BBC sobre el satélite espía y no se había tomado ninguna medida hasta hacía dos semanas.

El portavoz laborista ironizó sobre el hecho de que, entre el material incautado por la policía en Glasgow, figuraba una copia del discurso de apertura del Parlamento pronunciado por la Reina.

En su contestación, Hurd reafirmó que ninguno de los ministros "había pretendido influir en la policía o dirigir la investigación", y preguntó a la oposición si lo que pretendía era "que no se'hubiese abierto una investigación" o si, por el contrario, atacaban al Gobierno "por haberla iniciado demasiado tarde".

El meollo de la cuestión que los laboristas, prisioneros de sus contradicciones, no quisieron incluir en el debate fue planteado de cara por el líder socialdemócrata, doctor David Owen. "La protección del cíudadano individual", dijo, "es inadecuada, y la sección segunda de la ley de Secretos Oficiales, que data de 1911, debe ser abolida", dijo. Es el quid de la cuestión.