El Parlamento canario aprueba el anteproyecto de régimen fiscal

El Gobierno autónomo canario, formado por socialistas, consiguió en la madrugada del jueves al viernes, en el Parlamento regional, uno de los mayores consensos de su historia al conseguir 51 votos favorables de los 56 diputados asistentes al pleno para el anteproyecto de modificación del Régimen Económico Fiscal (REF) del archipiélago que deberá negociar ahora con la Administración central.El consejero de Hacienda del Gobierno autónomo declaró que el respaldo otolgado a la iniciativa de su Gabinete permitirá a éste iniciar las conversaciones en Madrid desde "una posición de solidaridad y firmeza". En su opinión, la reforma del REF supone un paso decisivo para el futuro desarrollo de la economía insular.

El modelo de reforma fiscal canario suscrito por el Parlamento compatibiliza una política de libertad comercial para las islas con la implantación de medidas proteccionistas para la producción de determinados sectores económicos como la industria y la agricultura, de los que habían partido serias reservas al anteproyectó de ley. El nuevo REF recoge la voluntad institucional de gestionar mejoras para las condiciones de acceso a la CE de los productos agrícolas y pesqueros de las islas, así como la exigencia al Gobierno central de que éste efectúe consultas prevías ante una futura organización común del mercado del plátano.

Dicha normativa contempla, además, la aplicación en el archipiélago de un sistema de imposición indirecta cuya titularidad será compartida por el Gobierno y los cabildos. La capacidad de recaudación por este concepto podría cifrarse este año en 30.000 millones de pesetas. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) no es válido para Canarias ya que las islas están fuera de la unión aduanera comunitaria.

La reforma del REF resuelve uno de los debates más contro vertidos en los últimos años en el archipiélago. Los actuales mecanismos económicos y fiscales específicos datan de 1972 y habían quedado obsoletos tras el establecimiento 10 años después del estatuto de autonomía y el ingreso de Canarias en la CE mediente un protocolo de adhesión.

Este anteproyecto deberá ser ratificado por las Cortes después de que el Gobierno central dé su visto bueno. Su entrada en vigor no se producirá, probablemente antes del segundo semestre.