Las clínicas interrumpen el embarazo según una orden anterior a la actualmente suspendida

La Administración ha iniciado la acreditación de clínicas privadas para la práctica de abortos según las normas de 1985, y evita así el cierre de estos centros tras la suspensión del decreto de 1986 decretado por el Tribunal Supremo. En Valencia, las autoridades autonómicas acreditaron el Centro Médico Valenciano y la clínica Acuario, y en Madrid, la clínica Dator. Ambas clínicas habían sido acreditadas de acuerdo, con el decreto de noviembre de 1986, que fue suspendido cautelarmente, el pasado miércoles, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tras lo cual quedó nuevamente en vigor la orden del 31 de julio de 1985.

Guillermo Alfonso y Marisa Castro, directivo y relaciones públicas, respectivamente, de la clínica madrileña Dator Médica, presentaron a última hora de la mañana del jueves, ante la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Comunidad de Madrid, la nueva solicitud de acreditación del centro para realizar abortos. La solicitud se ha tramitado en apenas 24 horas. A las 14.30 de ayer, viernes, un motorista de la comunidad autónoma llevó a la clínica, situada en la calle de Hermanos Gárate, la nueva acreditación para realizar interrupciones de embarazo en los supuestos de peligro para la salud de la madre, malformación del feto y embarazo producido tras una violación. La inspección preceptiva para comprobar que el local reúne las condiciones técnicas se realizó a las ocho de la mañana.La clínica Dator cuenta actualmente con dos salas para realizar abortos por aspiración con anestesia local y un quirófano para las intervenciones que se realizan con anestesia general. En el centro hay también una unidad de cuidados intensivos. Ramón Hernández, médico en el centro, afirma: "Creemos que reunimos todos los requisitos que especifica la orden ministerial. En el local sólo nos falta el banco de sangre, pero lo hemos contratado con una empresa, al igual que hacen otras clínicas privadas". También se ha constituido la comisión de evaluación, formada por el director médico del centro o persona en quien delegue, un ginecólogo, el jefe de enfermería, un psicólogo y un asistente social. La comisión está presidida por Guillermo Alfonso, presidente de Dator.

Las principales diferencias entre la orden ministerial de julio de 1985 y el decreto de noviembre de 1986 se refieren a la dotación técnica de los centros hospitalarios, mayores en la primera normativa, y a la existencia de las comisiones de evaluación. Estas comisiones desaparecían, según el decreto de noviembre de 1986, suspendido por el Tribunal Supremo.

Cuando se elaboró este decreto, fuentes del Ministerio de Sanidad manifestaron que "ningún centro privado había solicitado la acreditación conforme a la orden ministerial por la ambigüedad con que se especificaban los requisitos que debían reunir los centros". La acreditación de centros es una competencia de las comunidades autónomas, y, según la interpretación que se haga de la orden ministerial, podían variar sustancialmente las condiciones exigidas.

Ayer se celebró una reunión en el ministerio a la que asistieron miembros de las consejerías de Sanidad de Castilla y León, Asturias, Andalucía, Valencia y Madrid para unificar criterios para la acreditación de clínicas. La reunión concluyó sin ningún acuerdo porque aún no se ha recibido el auto del Tribunal Supremo, según fuentes del ministerio. La clínica Dator tampoco ha recibido la notificación anulando la acreditación anterior. La nueva acreditación la solicitó por sugerencia del Ministerio de Sanidad.

En el mes que ha estado legalizado este centro se han realizado en él cerca de 400 abortos, la mayor parte de ellos acogidos al supuesto de peligro para la salud mental de la madre. En el equipo médico del centro están integrados cuatro psiquiatras y dos psicólogas.