Golpe a la libertad de prensa
EL VERGONZOSO espectáculo de los agentes de la Special Branch (Rama Especial) de Scotland Yard, la policía británica, ocupando el local del prestigioso semanario londinense New Statesman, y removiendo de arriba abajo sus archivos durante dos días, está cargado de un triste simbolismo.
El New Statesman ha sido durante muchas décadas exponente de un pensamiento liberal de izquierda, beligerante contra las dictaduras y todos los abusos del poder, con una independencia reconocida incluso por sus adversarios.. La pesquisa realizada en su sede por la policía y los servicios secretos es algo que nunca había ocurrido en Gran Bretaña. Al mismo tiempo, el domicilio personal de un periodista del New Statesman, Duncan Campibell, ha sido objeto de idéntico trato por la citada Special Branch. Aunque hechas con mandato judicial, estas sucesivas operaciones violan la libertad de prensa y cuestionan una larga tradición de respeto a este principio de derecho fundamental.
¿Cual es la causa de que el Gobierno de la señora Thatcher haya recurrido a tales procedimientos?, La versión oficial es la de que se quiere descubrir la fuente de una noticia peligrosa para la seguridad nacional. El New Stalesman publicó un artículo de Duncan Campbell denunciando que el Gobierno de Margaret Thatcher había engañado al Parlamento para obtener un crédito de 500 millones de libras (cerca de 100.000 millones de pesetas) para el proyecto Zircon, nombre que designa el lanzamiento en 1988 de un satélite de espionaje.
Un reportaje de Campbell sobre el mismo tema fue censurado en la BBC por presión gubernamental, y cuando un grupo de diputados laboristas quiso ver la grabación, el speaker de la Cámara prohibió que ello se realizase en el recinto de Westminster. Se han sucedido así las medidas, impuestas por el Gobierno de modo más o menos directo, para silenciar datos sobre el empleo de una suma elevadísima de fondos públicos que debería haber sido sometida a control parlamentario.
No es convincente, en este caso, el argumento de que está en juego la protección de secretos decisivos para la seguridad británica. De hecho, la noticia estaba ya en la calle cuando la policía se lanzó a sus pesquisas en un local de prensa y en el domicilio de un periodista. La versión que han facilitado el director y redactores del New Statesman es que las acciones policiacas de que han sido víctimas tienen como objetivo, no defender la seguridad nacional, sino impedir que los ciudadanos y el Parlamento conozcan el método que ha empleado el Gobierno para conseguir la aprobación de un crédito muy cuantioso; método incorrecto por no haber cumplido la obligación de informar a la comisión parlamentaria correspondiente, vulnerando así los compromisos establecidos sobre la forma de tratar las asignaciones destinadas a los fondos reservados.
Ante la opinión pública británica, sensibilizada por los varios casos de espías infiltrados en las altas esferas del poder, el argumento de la seguridad suele ser eficaz. A diferencia de otros diputados laboristas que han adoptado una actitud firme y digna en defensa de la libertad de información, el líder de la oposición, Neil Kinnock, se ha mostrado sumamente cauteloso. Cautela en la que influye, sin duda, el especial momento político que vive el Reino Unido, particularmente inquieto por la espera del momento en que la primera ministra Margaret Thatcher tome la decisión de convocar elecciones generales.La probabilidad de una próxima campaña electoral, que será muy enconada desde sus inicios, empuja al Gobierno a utilizar al máximo el argumento de la .seguridad nacional" para ahogar un escándalo que podría causarle bastante daño. Y Neil Kinnock, a su vez, no parece atreverse a atacar, al Gobierno temiendo dar un paso en falso en algo relacionado con la seguridad.
Con demasiada frecuencia, el Gobierno Thatcher ha recurrido a la invocación de la seguridad nacional para coart ' ar la libertad de información. Por este procedimiento intentó impedir, incluso en Irlanda y Australia, la publicación de memorias de antiguos agentes secretos. Pero, con todo, son mucho más graves las últimas operaciones de la policía contra el New Statesman, directamente atentatorias contra una libertad de información que históricamente ha sido respetada en el Reino Unido.
