Petición de procesamiento de un implicado en el 'caso Catalana' por el fraude a la Seguridad Social

El fiscal que investiga el fraude a la Seguridad Social ha solicitado el procesamiento por presuntos delitos de falsedad y estafa de Oleguer Soldevila Godó, según informa la agencia Efe. Oleguer Soldevila, que también se encuentra inculpado en el sumario contra antiguos consejeros de Banca Catalana, es el propietario del grupo de empresas textiles Manufacturas e Industrias Textiles Algodoneras, SA (MITASA).El escrito presentado ayer por el fiscal acusa a Oleguer Soldevila de provocar una defraudación a la Tesorería de la Seguridad Social de 105 millones de pesetas por anomalías en el abono de las cuotas patronales a dicho organismo durante el período comprendido entre diciembre de 1981 y mayo de 1982.

Un portavoz de la empresa MITASA manifestó ayer a este periódico que "ya no se adeuda nada a la Seguridad Social" y que "todo se pagó antes de que se formulasen las reclamaciones". Añadió que "la noticia ha causado mucha extrañeza en la empresa, ya que todo el asunto estaba liquidado".-

El fiscal ha pedido el procesamiento por los mismos delitos de Miguel Capo, gerente de MITASA, propietario del 1% de las acciones, y de Joan Fábregas, jefe de contabilidad del grupo. De acuerdo con el escrito del ministerio público, estas personas realizaron, en connivencia con Ramón Ballesteros (ex inspector de la Oficina Delegada de la Inspección de Trabajo -ODIT-, procesado en este mismo sumario), las operaciones necesarias para evitar el pago de parte de las cuotas correspondientes.

130 procesados

En el mismo escrito, el fiscal ha solicitado al juez instructor que anule el auto de procesamiento dictado en su día contra Enrique Mayans, contable de MITASA, que fue procesado como presunto autor de la defraudación realizada por este grupo. MITASA agrupa a varias empresas textiles que cuentan con una plantilla global de 1.500 personas.

En el sumario abierto por el presunto fraude de 4.000 millones de pesetas a la Seguridad Social figura un total de 130 personas procesadas. El número de empresas implicadas se eleva a 142. De la deuda reclamada, los industriales afectados sólo han satisfecho unos 600 millones de pesetas.