Los errores médicos

OLVIDAR UNA gasa o un bisturí en el vientre de un paciente, diagnosticar una meningitis como un sarampión o abandonar el quirófano durante una operación son casos que tienen entidad suficiente para ir configurando una cierta imagen negativa de la práctica médica en este país. No hace mucho, en un centro hospitalario de Oviedo se amputó a una anciana una pierna por error, y hace muy pocos días un joven cordobés .fue sometido a una vasectomía cuando lo que pretendía era que le practicaran una operación de fimosis. Felizmente, en este último caso el error pudo ser subsanado, pero en muchos las secuelas son irreversibles, y en algunos otros el resultado suele ser la muerte.A estos hechos concretos, producto a veces de deficiencias instrumentales y otras de negligencia o imprudencia profesional, se añade con frecuencia la falta de la debida asistencia sanitaria, que, sin constituir directamente un hecho imputable a nadie en particular, es causa de daños posteriores difíciles de reparar. Esta constatación en torno a la práctica médica y sanitaria en España es consecuencia de la concienciación que está adquiriendo el enfermo de sus derechos en cuanto tal, y ello está llevando a que sean cada vez más frecuentes las querellas por negligencia o imprudencia profesional ante los tribunales.

La responsabilidad penal en el ejercicio de la medicina no es, evidentemente, un hecho nuevo. Lo es, sin embargo, el incremento de este tipo de denuncias en los últimos años. En 1983, el Colegio de Médicos de Madrid tuvo conocimiento de la interposición de siete ,denuncias penales en su territorio. En 1984 fueron ya 21, y en 1985 ascendieron a 33. El mayor número de procesos penales a médicos, atendiendo a las distintas especialidades, se da entre los anestesiólogos, seguidos de los traumatólogos- y de los cirujanos generales. No hace mucho un juez de Barcelona calificaba de tercermundista el comportamiento de cinco médicos, a los que procesó por haber utilizado como anestesistas, durante una operación, a personal no especializado.

Es cierto que hechos de esta naturaleza ocurren en todas partes, y así, no hace mucho tiempo, se hizo público el caso de la súbdita británica Manuella Vaughan, a la que se amputaron los dos senos por un error de diagnóstico. Pero así como en otros países, y muy especialmente en Estados Unidos, los médicos tienen plena conciencia de la dimensión penal de su actuación profesional y adoptan las medidas necesarias para evitarla o neutralizarla, en España apenas existe esta realidad. Sin duda, adquirir conciencia de ella induciría a una mayor responsabilidad y a un mayor control en el ejercicio profesional. Pero no es, con todo, bastante.

Tal como se comporta a menudo el estamento facultativo, sería necesario que los médicos españoles asumieran, sin pactos de silencio y sin complicidades corporativas, la realidad del error y de las malas prácticas. En este marco, la actuación racional de los comités de control de calidad existentes en hospitales españoles contribuiría a impedir, por lo menos, la reiteración de errores médicos, particularmente en el área de la cirugía. Sólo mediante el reconocimiento de los errores se podrá avanzar en la honorabilidad profesional del colectivo y en la seguridad del enfermo.

La experiencia acumulada en este terreno en los países más avanzados demuestra que el control de las instancias sociales sobre la actuación médica es creciente. Un signo de ello es el enorme auge que han adquirido, sobre todo en Estados Unidos, los seguros para cubrir posibles reclamaciones judiciales por los errores cometidos. En España, debido precisamente al bloqueo corporativo, que pone en cuestión la misma deontología profesional, este tipo de seguros no está todavía desarrollado, aunque los propios colegios de médicos ya han comenzado a suscribir pólizas de responsabilidad civil para sus asociados. Una elevación de las indemnizaciones que se fijen en la ley para estos casos y una más eficaz investigación judicial, junto al incremento de la conciencia ciudadana sobre sus derechos, podrían reducir tanto la frecuencia de los errores como la práctica impunidad de sus autores. En este momento se atienden y cotizan más los supuestos daños al honor que los que se derivarían de una invalidez total o incluso de la muerte por una negligencia médica.