El alcalde contra el niño
EN LA condena al pago de 25.000 pesetas impuesta por un juez de Albacete a un niño de 10 años y a sus padres, a instancias del alcalde de la localidad albacetense de Jorquera, no se sabe de qué extrañarse más: si de la propia resolución judicial o de la demanda que la ha provocado. O de las dos por igual. Porque una y otra, al margen de su encuadre en el marco legal, constituyen un gesto desfasado, prepotente, alejado de la realidad social y difícil de comprender humanamente.El hecho que ha originado este disparate social ha tenido amplia difusión. Un niño de 10 años escribió una carta en La Verdad, de Albacete, en la que exponía que su padre, alguacil del Ayuntamiento de Jorquera, podía matarse por culpa del alcalde de la localidad, que le había ordenado limpiar los pinos de una zona considerada peligrosa por los profundos cortados y barrancos que hay en ella. El alcalde, ni corto ni perezoso, demandó a la familia del niño por considerar que se le había difamado. El juez estimó la demanda y condenó a la familia, padres y cinco hijos, incluido el autor de la carta, al pago de una indemnización de 25.000 pesetas a favor del alcalde.
Toda esta historia rezuma, se la mire por donde se la mire, resabios de la España negra e inquisitorial, que utiliza el castigo y la represión como pautas preferidas en las relaciones sociales con el prójimo, tenga éste la condición de convecino o de gobernado. Y que, como se ve, todavía asoma de cuando en cuando en una España renovada y más tolerante.
El caso resulta tan llamativo a estas alturas de la democracia española que merece ser considerado en algunos aspectos. Uno de ellos es aquel en que muestra de qué modo un cargo público recurre a la ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, de 5 de mayo de 1982, para cubrirse de las críticas -justas o injustas, pero siempre lícitas- que puedan dirigir a su actuación los ciudadanos.
Pero en este abuso, que no de otra manera puede calificarse esta conducta, el alcalde de Jorquera tiene predecesores ilustres en ministros y directores generales actualmente en ejercicio. Y es que en éste como en anteriores casos, la persona o cargo públicos, más que por la verdad de los hechos que se le imputan en su gestión, se muestran obcecados por las virtuales repercusiones sobre su honor, tal y como ellos quieren entenderlo.
Quizá el alcalde de Jorquera debió recordar el dicho bíblico "Por la boca de los niños sale la verdad", y pensó, por tanto, que en el terreno de la verdad nunca se lucha con armas iguales cuando el contrincante es un niño. Pero si lo intentó, el camino legal utilizado ha sido bien equivocado: después de la sentencia del juez, su honor ha sido de hecho jurídicamente reparado, pero los hechos que ha denunciado el niño siguen implacablemente ahí.
Por otra parte, ¿qué decir de la resolución judicial dictada sobre el caso? El supuesto que se enjuiciaba era insólito en la historia de los tribunales españoles, y, por eso, debió extremarse la cautela. Al fin, acaso la resolución sea correcta desde el punto de vista de la letra de la ley, pero un buen fallo judicial es aquel que interpreta la ley a la luz de la realidad social y del sentido común. Pero ni una ni otro parece que han acompañado al juez en este caso, y, por eso, más que una resolución judicial propia del momento, presenta los tintes de una resolución atrabiliaria o inspirada en la noche de los tiempos.
La enérgica reacción con que el vecindario recibió la sentencia acaso ha demostrado, una vez más, la incomunicación que se está produciendo entre los ciudadanos de hoy y la forma en que algunos jueces administran la justicia.
