El Gobierno estudia aprobar el aborto por motivos socioeconómicos

El ministro de Sanidad Julián García Vargas anunció ayer en Las Palmas que el Gobierno estudia la introducción del llamado cuarto supuesto (referido a las condiciones socioeconómicas) en la ley sobre el aborto. Los tres supuestos que la ley ahora vigente contempla para abortar son los de violación, riesgo para la salud de la madre o malformación del feto. Según indicó el ministro, "la ley se está aplicando con grandes dificultades", lo que aconseja su alteración. El titular de Sanidad precisó que "la modificación de la ley se efectuará dentro de los límites de la sentencia del Tribunal Constitucional de abril de 1985 sobre el aborto".Al reiterar las intenciones del Gobierno de ampliar el marco de actuación de la legislación de dicha materia, el ministro de Sanidad indicó que dicha voluntad de Gabinete se debe a que "es sensible al hecho de que la opinión pública española está cambiando sobre el tema". Según señaló, "el aborto es un problema de conciencia individual y de tolerancia. Nadie puede imponer nada a nadie, ni a favor ni en contra". En su opinión, existen dos posturas: afrontar el aborto "como un asunto espinoso y poco grato o no reconocerlo y dejar que continúe detrás de un armario".

Nueva ley

El anuncio del titular de Sanidad dio pie ayer, durante el programa Debate de Televisión Española -titulado Aborto: una ley controvertida-, a varias opiniones sobre la noticia. La parlamentaria del Grupo Popular, Isabel Tocino, señaló que de confirmarse el citado cambio en la norma para dar cabida al cuarto supuesto "se trataría, en realidad, de una nueva ley, y acudiríamos a todas las instancias para hacer valer nuestro punto de vista".Las declaraciones de García Vargas se produjeron durante su visita a las dos capitales canarias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas) realizada de forma inesperada para afrontar una ola de protestas sobre las deficiencias sanitarias del archipiélago. En Tenerife, donde inició su estancia el pasado miércoles, el mínistro quiso restar gravedad a las quejas y apostó por la asunción de competencias en materia sanitaria por parte del Gobierno autónomo. En este sentido, estimuló los contactos entre la Comunidad autónoma y la Administración central para la transferencia del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), si bien no consideró muy viable la incorporación de los hospitales dependientes de los cabildos a la red sanitaria estatal.

En Las Palmas, García Vargas debió enfrentarse a una campaña de denuncia de insuficiencias asistenciales que ha ido creciendo en los últimos meses. Su antecesor, Ernest Lluch, no tuvo reparos en afirmar en el archipiélago que la situación sanitaria de la región era tercermundista. Varias organizaciones ciudadanas, partidos políticos y sindicatos habían expresado, en vísperas de la llegada del ministro, su deseo de que "no venga a hacer turismo".