Los condenados por el 'caso Bultó' insistirán ante el Tribunal Europeo en la denuncia de torturas

, Los abogados de tres de los condenados por el caso Bultó, Xavier Barberá, Antoni Messeguer y Ferran Jabardo, insistirán ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que debe pronunciarse sobre la demanda interpuesta contra el Gobierno español, en la denuncia de torturas y en la discriminación en la aplicación de la amnistía de 1977. En el dictamen remitido por la Comisión Europea de Derechos Humanos al tribunal se considera que España violó el artículo 6.1 del Convenio Internacional de los Derechos Humanos en el que se establece que toda persona tiene derecho a un juicio justo.Éste era uno de los puntos de la demanda presentada por los independentistas catalanes, pero en el documento se especificaban también las supuestas violaciones de otros dos artículos que no han sido considerados por la Comisión.

Estos puntos no han sido estimados por entender que las supuestas torturas se cometieron con anterioridad a 1981, año en que España suscribió el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos, motivo por el que no es pertinente entrar en valoraciones. Respecto a la otra cuestión, la discriminación en la aplicación de la amnistía de 1977, la Comisión ha considerado que no es competente.

Xavier Barberá, condenado a 36 años de prisión por la Audiencia Nacional por su participación en el asesinato del industrial José María Bultó, estuvo presente ayer en la conferencia de prensa. Barberá se encuentra en Barcelona con un permiso penitenciarío de seis días que finaliza el próximo 5 de enero, fecha en la que debe regresar a la prisión de Lérida 2.

Xavier Barberá manifestó que lo ocurrido en el caso Bultó es un ejemplo de las acciones de la Administración central contra los movimientos independentistas catalanes. En su opinión, la decisión de retirarles el beneficio de la amnistía de 1977, ejecutada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es una de las pruebas de este "ánimo". "La posibilidad de solicitar un indulto ha sido propuesta por el Gobierno en alguna ocasión", añadió Barberá.

Xavier Barberá criticó tam bíén al Departamento de Justicia de la Generalítat por su actitud en este caso tras el informe de la Comisión Europea. "Al menos creemos que nos deberían conceder el régimen penitenciario de tercer grado [en el que se permiten las salidas diarias de la prisión], pero lo han denegado".

Ignasi Doñate y August Gil Matamala, abogados de los de mandantes, señalaron que el juicio podría celebrarse antes de que finalice este año. Los aboga dos comunicaron la semana pasada al Tribunal Europeo su personación en la causa, que ha pa sado al tribunal tras el informe de la Comisión Europea de Derechos Humanos.

La demanda, presentada en septiembre de 1983, se encuentra ahora en la segunda fase del procedimiento, que culminará con el juicio y la sentencia del tribunal. Hasta ahora, este organismo ha notificado la causa a las partes, que en este caso son la Comisión, los demandantes y el Gobierno e:spañol. Si el Gobierno acordara ahora conceder el indulto a los condenados, la demanda ante el Tribunal Europeo no se retiraría, según afirmaron los abogados.

Sentencia vinculante

El Tribunal Europeo, tras analizar y juzgar la causa, emitirá una sentencia con carácter vinculante para el Gobierno español. "Estas sentencias no constituyen un símbolo moral puesto que tienen valor jurídico", señaló el letrado Gil Matamala. En este tipo de demandas ante el Tribunal Europeo, este órgano decide si hay culpabilidad o no, del Gobierno demandado. Si considera que sí ha existido, la sentencia va acompañada de una recomendación para que el, Estado repare a los perjudicados. Sin embargo, en este tipo de fallos no se especifica la ejecución de la sentencia.En el caso concreto de los condenados por el asesinato de José María Bultó, se desconoce de qué forma se podría ejecutar la sentencia del Tribunal Europeo. "Si en el fallo se condena al Gobierno español por la violación del artículo 6.1 del Convenio Internacíonal de los Derechos Humanos en el que se ampara el derecho de toda persona a un juicio justo], la posibilidad de un nuevo juicio es remota", matizó uno de los letrados defensores.