La CE investiga el mercado español de coches usados

Si España cumpliese escrupulosamente las reglas comunitarias, cualquiera de sus ciudadanos podría ahorrarse centenares de miles de pesetas en la compra de un vehículo usado de fabricación comunitaria y, dentro de cuatro años, en la de un coche nuevo. Su incumplimiento por parte de España ha suscitado protestas de exportadores europeos de automóviles de ocasión, quejas de Holanda y Bélgica y una investigación de la Comisión Europea que, si no prospera la negociación paralela con Madrid, puede acabar llevando a España ante el Tribunal de Justicia Europeo.

En la República Federal de Alemania o Bélgica, un vehículo Mercedes 230 CE de 1984 costaría aproximadamente al comprador, después de haber abonado el arancel y el IVA en España, 2.248.000 pesetas, es decir, 1.352.000 pesetas menos que su precio en el mercado nacional de ocasión.Comprar incluso al norte de los Pirineos un automóvil usado de fabricación nacional podría ser un negocio. Introducir en España un Seat Ronda Diesel CLX de hace dos años supondría un desembolso de unas 638.000 pesetas, mientras el mismo vehículo se valora de "puertas para adentro" en 115.000 pesetas más.

Algunos agregados comerciales extranjeros han previsto que si los precios de venta en España de los coches nuevos de producción nacional no disminuyen en los próximos años será rentable adquirirlos en otros Estados miembros de la CE e importarlos, como hacen hoy día muchos británicos en la República Federal de Alemania, Bélgica o Dinamarca.

Pero todo esto es pura teoría. En la práctica, la importación de un coche es por ahora algo desaconsejable para los particulares residentes en la Península y una aventura arriesgada para los profesionales, empezando por aquellos emigrantes españoles asentados en el Benclux y propietarios de un garaje que están a punto de arruinarse porque varios vehículos suyos permanecen bloqueados desde hace meses.

En los nueve primeros meses del año pasado habían sido exportados, por ejemplo, de Bélgica a España tan sólo 226 automóviles usados, según datos de la Oficina Belga del Comercio Exterior (OBCE), pero una cifra cuatro veces superior de vehículos permanecían retenidos por las autoridades españolas, y las trabas burocráticas hicieron probablemente desistir a otros muchos vendedores potenciales.

Un estudio elaborado por la Dirección General de Competencia de la CE señala que en

Autorización de divisas

Para introducir un vehículo de segunda mano en España es necesario obtener primero una autorización para transferir las divisas correspondientes a su pago, abonar el arancel (28,44% en 1987) y el IVA- y lograr después que el Ministerio de Industria homologue el coche. Entre los requisitos indispensables para efectuar este último trámite, el informe del Ejecutivo europeo ha detectado nada menos que ocho infracciones a la legislación comunitaria.Pero si el comprador es un particular ni siquiera merece la pena intentar importar el coche porque el arancel y el impuesto le serán calculados por la Administración española, según indica el estudio de la Comisión, no sobre su precio real de compra, sino sobre la cotización del automóvil en el mercado nacional, y acabará resultándole mucho más caro que adquirirlo en España.

Si, en cambio, se trata de unprofesional de la exportación de vehículos usados se le aplicará el arancel y el IVA sobre la factura que presente o, en su lugar, sobre la valoración oficial del coche en su país de origen. Esta discriminación es, según algunos expertos, contraria a la propia legislación española, aunque la Administración la justifica porque, en caso de fraude, considera más dificil sancionar a un particular que al titular de una licencia fiscal.

Pero no por haber desembolsado menos dinero que un particular el exportador profesional será a la larga más afortunado. Para matricular el automóvil es necesario que sea una marca y un modelo hornologables en España -en todos los demás Estados comunitarios no hay excepciones- y "las autoridades españolas no parecen haber tomado las medidas apropiadas para garantizar que los números de homologación estén a disposición del público", señala el informe.Si el modelo figura en el elenco para conseguir su, homologación será necesario a continuación entregar un informe con sus características técnicas, que sólo está habilitado a proporcionar un laboratorio oficial o el fabricante y que debe ser además legalizado por el correspondiente consulado de España.

Esta "ficha reducida", según se la denomina oficialmente, hecha a medida para cada coche, es "incompatible" con la legislación comunitaria, como también lo es el requisito de su legalización, reza el informe, y alegando estos motivos un constructor como Mercedes se niega, por ejemplo, a entregarla mientras otros como BMW sólo lo hacen para modelos posteriores a 1982.

"Existe el riesgo", se argumenta en la Embajada de España ante la Comunidad, "de que intenten colarnos vehículos en mal estado porque nuestros consumidores son todavía poco exigentes". "Hay que evitarlo y por eso somos minuciosos a la hora de pedir los antecedentes del automóvil que se pretende introducir en nuestro país".

Si la Delegación de Industria rechaza el documento que acompaña al coche serán necesarios meses de gestiones hasta lograr una explicación escrita sobre las razones de su decisión y, de lo contrario, empezará el último y definitivo trámite consistente en someter el automóvil al control técnico en el único centro de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) habilitado, el de Santander.

La próxima ronda de conversaciones entre la Comisión Europea y Santiago Eguidazu, secretario general técnico del Ministerio de Industria, sobre la liberalización de la importación de coches usados tendrá lugar este mes de enero en Bruselas. "Le volveremos a pedir", comentaba un miembro de la delegación comunitaria, "que cumpla los compromisos adquiridos aceptando desproteger un mercado de ocasión español donde todos los vehículos están sobrevalorados".