Una reparación incompleta

Con la aprobación por el Congreso de la ley que repone a los componentes de la UMD en todos sus derechos, prerrogativas, deberes y atribuciones de su condición militar, parece que se ha aprobado otra asignatura pendiente de las que tenía nuestra democracia constitucional. Se ha respirado con alivio y, en general, el cuerpo político se ha relajado como si por fin se hubiera hecho esa operación de amígdalas que tenía pendiente desde su nacimiento y que estaba perjudicando su crecimiento. No es cosa de buscar defectos a la solución. Ha sido aprobada por la representación de la soberanía popular, y punto.Sin embargo -y no por el afán de objetar, sino al contrario-, queda un pequeño detalle, y es, verdaderamente lastimoso que ésta solución no sea completa, para que el examen de la asignatura hubiera sido por lo menos de matrícula de honor. A los antiguos componentes de la UMD se les ha repuesto en todo, menos en una cosa, que además de paradójica es minúscula y que en realidad es lo primero que debían haber, reclamado. Me refiero al derecho, que siguen teniendo perdido, a pertenecer a la UMD, y que sorprendentemente ni ellos mismos, ni ninguno de sus tutores, han pensado en reivindicar. Y que, es más, si pretendieran ahora resucitar aquella organización política o afiliarse a cualquier otra, o simplemente no darse de baja de la que puedan actualmente pertenecer, se encontrarían frente a penas similares a las que fueron en su día condenados y con resultados de penas accesorias similares. La única solución sería la. de pasar a la situación de "retirados", que, como saben, es una situación definitiva e irreversible, con la excepción de su caso.

Es ésta una servidumbre que pesa sobre el estamento militar y que choca contra el principio de igualdad ante la ley que establece el artículo 14 de la Constitución. Unos reales decretos han pasado por encima de la Constitución, creando unos ciudadanos de segunda categoría, sin que exista razón alguna para ello. El militar es también una "persona humana", aunque muchos no lo crean, y se encuentra tan capacitado como cualquiera para poder intervenir en la vida política de la nación. Sin necesidad de rizar el rizo, resulta sorprendente que en nuestra actual vida política constitucional y parlamentaria, abierta a todas las opiniones y creencias, a todos los singularismos e ideologías políticas, sean los militares clasificados como una raza aparte, como una especie de madelmans de juguete, muy profesionalizados, formando la casta de los zánganos guerreros de la colmena nacional, y que la única forma que tienen para entrar en el Parlamento sea, por lo visto, con la metralleta en1a mano.

El silogismo que trasciende de la rehabilitación de la UMI) parece concluyente. Si se ha rehabilitado a estos militares por haber actuado políticamente durante un período en que estas a,ctividades estaban prohibidas y sancionadas, y esto se consideraba como un grave defecto de nuestro actual comportamiento político, ¿cómo es posible que a estos mismos militares se les pueda impedir ahora, en un régimen de plenas libertades, que tomen parte activa en la vida política?

Fantasma nacional

La actual legislación sobre el particular es discriminatoria. Participa del clásico fantasma nacional (algunas veces muy corpóreo) de confundir y mezclar la vida sindical y la vida política, y, en consecuencia, condena a los militares a no poder participar en ninguna de ambas actividades como si lo sindical y lo político fueran cuestiones de la misma naturaleza. Craso error. Una cosa es un sindicato, y otra muy distinta un partido político. Esta obvia distinción aparece claramente explicada en la legislación internacional sobre derechos humanos. El artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, firmado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, establece que los ciudadanos gozarán sin restricción alguna del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente eleáidos y a votar y ser elegidos en votaciones auténticas, realizadas por sufragio universal, mientras que el artículo 22 del mismo pacto, al tratar de las asociaciones sindicales, prevé la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas o de la policía.

Este episodio de la UMD debe servir para que se admita y comprenda el derecho que tienen los militares a participar en la vida política, en igualdad de derechos con los demás ciudadanos, y sin necesidad alguna de tener que renunciar definitiva e irreversiblemente a su profesión, de la misma manera que no se exige este sacrificio a ningún otro tipo de funcionario.

Ésta es otra asignatura pendiente.