UGT denuncia la reconversión encubierta del sector del carbón

El nuevo sistema de contratación de los suministros de carbón a las empresas eléctricas ha reavivado de nuevo en el seno de UGT la polémica de una "reconversión encubierta" de las pequeñas empresas del sector, que, según José Antonio Saavedra, secretario general de la federación minera del sindicato socialista, de acuerdo con el nuevo plan de la Dirección General de Minas, "no tienen más de cinco años de vida".

La minería de antracita del Bierzo es eminentemente minifundista. Un número importante de las 174 empresas de León, con aproximadamente 13.000 trabajadores, se encuentra en las cuencas mineras del Bierzo y Laciana, y pocas de éstas superan la plantilla del centenar de hombres. Las que produzcan menos de 50.000 toneladas al año y no alcancen acuerdos de suministros con otras empresas verán suspendidas las protecciones (sobre precio).Según Saavedra, con esta medida concreta los accidentes mineros se multiplicarán, ya que en su opinión esas pequeñas empresas sólo serán clientes de las grandes con el objetivo prioritario de alcanzar la mínima producción fijada con una infraestructura a todas luces insuficiente. Para la federación minera de UGT de León, la reciente fusión de las consejerías de Transportes e Industria de la Junta de Castilla y León y la creación derivada de ello de la Consejería de Fomento, dentro de los cambios proyectados por el actual presidente del Ejecutivo autónomo, José Constantino Nalda, "sin intentarlo es una premonición del futuro de la minería leonesa".

Delegación de Industria

La supresión de hecho de las delegaciones territoriales de Industria en la comunidad autónoma y de los programas puntuales de actuación en el sector minero de la provincia ha generado de igual forma un fuerte malestar entre los sindicatos CC OO y UGT, así como en los municipios mineros. Concretamente, miembros de UGT han manifestado que "no es un problema de voluntad" del nuevo equipo de Gobierno del área de Fomento, "sino de competencia técnica".La actual Consejería de Fomento está encabezada en León por el anterior delegado territorial de Transportes, Gerardo García Merino, quien en su primera declaración de intenciones adelantó que la desaparición como tal de la Consejería de Industria no suponía una menor atención a los problemas mineros. Éstos globalmente derivan de las insuficientes medidas de seguridad de las pequeñas explotaciones de antracita, la escasa mecanización de las mismas y la falta de aprendizaje de los trabajadores en el interior de las minas.

El Plan Integral de Seguridad Minera llevado a cabo durante un año (1985-1986) por el gabinete técnico de la extinta consejería, con la participación de las partes implicadas en el sector, a excepción de las mutuas patronales de accidentes de trabajo, logró la revisión de 246 grupos mineros de la comunidad autónoma, la mayoría de ellos en la provincia de León, sobre los que se dictó cerca de 3.000 prescripciones de mejora de obligado cumplimiento. También se reclasificaron numerosas minas por su contenido en gas grisú. Según UGT, para algunos empresarios del carbón la fusión de ambas consejerías puede haber generado un clima de alivio.