Hacienda retrasa pagos por 150.000 millones para mantener el déficit de caja previsto

La decisión del Ministerio de Economía y Hacienda de cerrar 1986 con un déficit de caja del Estado de 1,480 billones de pesetas, el previsto inicialmente por el Estado, ha obligado a retrasar pagos efectivamente contraídos en los últimos meses y a autorizar el endeudamiento de diversos organismos con el Banco de España con el fin de que no crezca la diferencia entre ingresos y gastos y se pueda anunciar que se ha cumplido el objetivo de reducir el déficit de caja a una cifra equivalente al 4,5% del producto interior bruto, mientras que en 1985 fue del 5,2%. Fuentes financieras consideran que se han retrasado pagos por valor de más de 150.000 millones de pesetas para poder cerrar el ejercicio dentro de las previsiones.

Hace pocos días, la Seguridad Social recibió autorización para aumentar en 50.000 millones de pesetas su endeudamiento con el Banco de España para hacer frente a unos pagos que tenía que hacer obligatoriamente dentro del mes de diciembre y para los cuales no tenía ingresos suficientes. La devolución de estos 50.000 millones de pesetas, que en pura ortodoxia contable deberían haber sido adelantados por el Tesoro, se realizará en los dos primeros meses del año próximo, según establece la orden ministerial correspondiente.La Seguridad Social tenía, según fuentes del Ministerio de Trabajo, que pagar la paga extraordinaria de Navidad a los pensionistas, y su tesorería no tenía fondos suficientes para hacer frente a la misma porque las cotizaciones de trabajadores y empresas se reciben a final de mes.

Lo normal sería que el Tesoro hubiera adelantado la cantidad suficiente, 50.000 millones de pesetas, pero ello habría representado que el Ministerio de Economía aceptara un desfase de esa misma cantidad en la diferencia entre ingresos y gastos del Estado; es decir, en el déficit de caja.

Decisión del Gobierno

Algo similar ocurre con la autorización de un crédito extraordinario que el Gobierno ha decidido establecer para cubrir riesgos políticos y extraordinarios en operaciones de financiación a terceros países. El crédito extraordinario, por valor de, 35.000 millones de pesetas, se librará indistintamente al Consorcio de Compensación de Seguros o a la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE).

Estos 85.000 millones de pesetas, más otras cantidades de cuantía similar o incluso superior, son las cifras que se manejan en algunos medios de la Administración para señalar que el déficit real del Estado en este año debería alcanzar una cifra superior a 1,6 billones de pesetas, y no la anunciada por el Ministerio de Economía y Hacienda, según la cual el año se cerraría con un déficit de 1,48 billones de pesetas.

En

todo caso, el cierre formal del ejercicio "depende de la decisión del Gobierno", como reconocía hace unos días un alto cargo del Ministerio de Economía y Hacienda, reseñando que el volumen de déficit de un año determinado depende de si se autorizan todos los pagos necesarios, se decide retrasar algunos hasta que se inicie el nuevo ejercicio o, con fórmulas algo más elaboradas, se decide que algunas instituciones públicas se endeuden en lugar de recibir las dotaciones del Estado previstas.

Esto último es lo que ocurre, por ejemplo, con Renfe en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1987. En ellos se reconoce que el Estado proporcionará a la compañía de ferrocarriles las cantidades de dinero suficientes para hacer frente a su plan de inversión, aprobado, por el Gobierno, y los gastos de explotación en que incurra la compañía.

Renfe frena

Pero estas cantidades no serán entregadas en su totalidad por el Estado, sino que una parte se hará con cargo al Tesoro, y otra, no despreciable, la tendrá que obtener Renfe en los mercados financieros, endeudándose para ello la sociedad y no el Estado, como correspondería. El Estado reconoce esta deuda y pagará los intereses correspondientes a la misma dentro de las subvenciones de explotación. Pero de esta forma logra reducir su déficit formal hasta la cifra que considera más conveniente.

Algo similar a lo que hizo la extinta UCD en sus últimos años de Gobierno, y que provocó que en 1983 el nuevo Gobierno socialista tuviera que presentar dos presupuestos del Estado para aflorar todas las cantidades que hasta entonces habían estado embalsadas en las distintas cuentas de la Administración.