El Gobierno modificará la ley de Secretos Oficiales para equipararla a los países de la OTAN

El Gobierno presentará en el Congreso en los próximos meses una ley que reforme la norma actual sobre secretos oficiales, de modo que se ajuste a la legislación de los países de la OTAN. Estos países tienen cuatro clases de documentos clasificados, mientras que en España sólo existen las categorías de secreto o reservado. Uno de los aspectos que apremian al Gabinete para cambiar la ley es que ésta faculta a la Junta de Jefes de Estado Mayor para clasificar un documento al margen del Gobierno, según fuentes gubernamentales.

Independientemente de ello, el presidente del Congreso, Félix Pons, presentó ayer a la Mesa y a la Junta de Portavoces una resolución por la que se regula el acceso de las Cámaras a la información clasificada. Todos los grupos parlamentarios consideraron que es excesivamente restrictiva.La ley de Secretos Oficiales, de 5 de abril de 1968, fue modificada por el Gobierno de Adolfo Suárez en octubre de 1978, en un intento de "lavar la cara a la ley y hacerla más presentable", en palabras de un portavoz gubernamental. "Quedan cosas tremendas que hay que cambiar", añadió el mismo portavoz. Uno de esos aspectos es la supresión de la facultad que se otorga a la Junta de Jefes de Estado Mayor para clasificar materias secretas al margen del Gobierno. Por otro lado, la clasificación española no coincide con la vigente en los países de la Alianza Atlántica.

En los países de la OTAN, la división de esos documentos es la siguiente: confidencial, restringida, top secret (alto secreto) y secret cosmic (secreto cósmico).

"En España existe una disfunción con la realidad actual, en principio porque la antigua ley obedecía a una situación de autonomía militar y después porque no estábamos en el contexto europeo", dijo la fuente informante. La futura ley no obligará a modificar radicalmente la resolución de acceso a las Cámaras de las materias clasificadas, aunque sí tendrá que añadir cómo se accede a los otros dos nuevos supuestos.

La Mesa del Congreso aprobó ayer, con los votos en contra del Centro Democrático y Social (CDS) y de Minoría Catalana, la resolución presentada en ese sentido por el presidente del Congreso, Félix Pons. Posteriormente, en la reunión de la Junta de Portavoces se acordó remitir su debate a mañana, en otra reunión, tina vez que los distintos grupos lo estudien con detenimiento. En principio, todos ellos se mostraron en contra, por considerarla restrictiva y marginadora de las minorías.

El acceso del Congreso a los secretos oficiales se regirá por las siguientes normas: uno o más grupos parlamentarios que representen al menos a la cuarta parte de la Cámara podrán recabar para la misma, por conducto del presidente del Congreso, información sobre materias que hubieran sido declaradas clasificadas conforme a la ley de Secretos Oficiales.

Si la materia hubiera sido declarada clasificada en la categoría de secreto, el Gobierno facilitará la información a tres diputados pertenecientes a grupos parlamentarios diferentes, para la totalidad de la legislatura. Para el supuesto de información reservada, el Gobierno facilitará la información a los portavoces de los grupos. Con carácter excepcional, el Ejecutivo podrá solicitar de la Mesa que la información sea facilitada sólo al presidente del Congreso.

Las comisiones podrán también recabar información declarada secreta. "El Gobierno facilitará la información a los tres diputados elegidos por el Pleno". "Cuando la información recabada se refiera al contenido de algún documento, la autoridad que haya de facilitar aquélla exhibirá a los diputados previstos en cada caso el original o fotocopia de la documentación, si los destinatarios entendieran que ésta resultaría incompleta sin el conocimiento directo de los documentos". Por último, el diputado a quien le fuere suministrada información estará obligado a mantener el secreto. Si éste quebrantara tal secreto podría verse privado de su condición de parlamentario, "sin perjuicio de las responsabilidades penales en que pudiera incurrir".

Félix Pons considera que esta resolución es equilibrada. "Este tipo de restricciones en un país democrático resultan poco gratas, pero tiene que ser así por cuanto la divulgación de algunas materias puedan afectar a la seguridad del país", afirmó el presidente del Congreso.

Enrique Curiel, de Izquierda Unida; Agustín Rodríguez Sahagún, del Centro Democrático y Social; Josep Maria Trias de Bes, de Minoría Catalana; Modesto Fraile, del Partido Demócrata Popular, e Iñaki Anasagasti, del PNV, coincidieron en señalar que esta resolución es restrictiva y priva a los grupos minoritarios del acceso a las materias clasificadas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 16 de diciembre de 1986.

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