El Gobierno advierte a quienes pagan el 'impuesto revolucionario' que pueden acabar ante los tribunales

El Gobierno se ha puesto en contacto reservadamente con empresarios vascos que, según la documentación intervenida a ETA en la fábrica Sokoa, pagaban el impuesto revolucionario a la organización terrorista, según han informado fuentes gubernamentales. El Ejecutivo trata de evitar que vuelvan a pagar el impuesto, y les ha advertido que la Audiencia Nacional puede ejercer acciones legales contra ellos a pesar de que fueran extorsionados, y especialmente contra un reducido grupo de seis que contribuía voluntariamente a ampliar las arcas de ETA. Por otra parte, en la mencionada documentación se ha comprobado que la organización terrorista ha mantenido relaciones con el IRA en relación con la compra de armamento.

La estrategia del Ministerio del Interior pretende intimidar a los empresarios para que se resistan a pagar el denominado impuesto revolucionario, cuya recaudación, según los documentos intervenidos hace dos meses en la empresa Sokoa, de Hendaya (Francia) parece haber disminuido ligeramente en los últimos años.El Ministerio del Interior, que en un principio se mostraba dispuesto a facilitar la infórmación intervenida a ETA en Hendaya, ha variado su estrategia y prefiere que sean los tribunales correspondientes -en este caso, la Audiencia Nacional- los responsables de tan delicado caso.

La Audiencia Nacional ha solicitado a Francia por procedimiento de urgencia, y mediante la correspondiente comísión rogatoria, una copia compulsada judicialmente de la documentación, ya que las copias normales no tienen valor a efectos judiciales para tomar las sanciones oportunas.

El Ministerio del Interior, que posee copia de toda la información desde inmediatamente después de que la policía francesa interviniera en la fábrica Sokoa, ha tratado de impedir las filtraciones periodísticas para no ser acusado de utilizar esos datos en la campaña electoral del País Vasco, aunque, según fuentes consultadas, esas filtraciones le habrían perjudicado inevitablemente.La documentación financiera de ETA intervenida en la fábrica de muebles Sokoa revela que alrededor de 90 empresarios del País Vasco pagaban el impuesto revolucionario mediante la extorsión, a excepción de un grupo de seis personas que lo hacían voluntariamente. Si los primeros podrían ser sancionados judicialmente, los voluntarios se encontrarían en una situación mucho más difícil, presumiblemente por colaboración con banda armada.La documentación de Sokoa es realmente minuciosa y describe los empresarios que pagaban a plazos o los que pagaban al contado, con sus respectivas cantidades y las fechas en que eran recibidas, Normalmente, el pago se efectuaba en metálico, y se hacía tanto en Francia como en España.

De la mencionada documentación se desprende que existen personas y empresas francesas que tal vez están también relacionadas con las finanzas de la organización terrorista, hecho que está siendo investigado por la policía francesa en colaboración con la española.

Sancristóbal

Según fuentes gubernamentales, el ex director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, recientemente destituido, está convencido de que una de las formas más eficaces de reducir a ETA es desarticular su aparato financiero, y fue la persona que decidió que fuera seguida una pequeña pista que finalmente dio con la fábrica de muebles Sokoa, donde se encontraba la mayor parte del archivo de las finanzas de ETA. La citada documentación demuestra, según fuentes gubernamentales, que ETA pagaba dinero al grupo de exiliados vascos en el sur de Francia, a abogados de Herri Batasuna (HB), a publicaciones abertzales y a las juventudes de esa coalición, denominadas Jarral En la documentación existen recibos pormenorizados de las cantidades pagadas por la orga nización terrorista a estos grupos Y personas.

Grandes bancos

Asimismo, en la documentación figuran copias de las cartas enviadas a los presidentes de grandes bancos para exigirles el impuesto revolucionario, aunque se desconoce hasta el momento si llegaron a pagar a la organización terrorista.

También existen recibos relacionados con algunas entidades financieras del País Vasco.

En cuanto a las relaciones internacionales de la organización, la documentación intervenida en Sokoa demuestra que ETA ha mantenido relacione con el IRA en lo referente a la compraventa de armas.