El poder judicial inicia diligencias contra el juez Valle

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado los trámites previos a un posible expediente disciplinario contra el juez Carlos Valle, denunciado por varios abogados como autor de un "abuso de autoridad", entre otras presuntas infracciones. Las acciones y omisiones que se imputan al juez Valle guardan relación con la investigación sobre supuestos delitos de aborto que viene realizando como titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid y podrían desencadenar sanciones que van desde la reprensión y multa a las de suspensión y separación. Por el momento, el Consejo sólo ha iniciado diligencias informativas.El presidente de la comisión disciplinaria del CGPJ, José Luis Calvo, explicó ayer que las diligencias informativas iniciadas no deben confundirse con una acción disciplinaria, ya que se trata de un trámite que el Consejo realiza "siempre que se produce una denuncia contra un juez". Por el momento, el jefe del servicio de inspección del Consejo, Ignacio Sierra, se ha entrevistado con el juez Valle. Una vez que concluya las diligencias informativas ordenadas propondrá a la comisión disciplinaria si es procedente o no una acción disciplinaria.

Estas diligencias fueron acordadas en respuesta al escrito presentado por la abogada y senadora socialista Francisca Sauquillo, quien denunció que "las iniciativas procedimentales adoptadas por el instructor podrían sobrepasar con claridad sus competencias y aún conculcar algunos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución". En la mañana de ayer, los abogados Julio Lapausa Berdial, Carmen Barrachina Perelló, Begoña González Martín, Begoña Lalana Alonso, Manuel Hernández Rodero, Juan Plaza Escudero, Inmaculada González de Lara y Cristina Almeida formularon otra denuncia, que se incorporó a las diligencias.

Abuso de autoridad

Este grupo de abogados pone en conocimiento del Consejo una extensa relación de hechos, "por si pudieran ser constitutivos de faltas graves y muy graves". En concreto, invoca los preceptos de la ley orgánica del Poder Judicial según los cuales serán faltas muy graves las acciones u omisiones que generen responsabilidad civil por daños y perjuicios causados en el desempeño de sus funciones. Asimismo, los letrados recuerdan al Consejo que dicha ley estima falta grave "el exceso o abuso de autoridad [de los jueces y magistrados] respecto de los ( ... ) abogados, procuradores y particulares que acudieren a los mismos en cualquier concepto".Entre las "irregularidades a estudiar por ese Consejo" los abogados incluyen, con ocasión de la investigación de la muerte de Consuelo Esteban Pedriza, la detención indiscriminada de usuarias de servicios médicos efectuada el 19 de noviembre último, que afectó a pacientes y acompañantes de éstos que "difícilmente entendemos", dicen, pudieran estar relacionados con la muerte de dicha mujer". Añaden que las aproximadamente 25 personas detenidas permanecieron en el juzgado de instrucción desde las 18 horas del día 19 hasta las 7 horas del día 20, sin recibir asistencia ni comida por el juzgado ni otros servicios.

Igualmente denuncian la "grave discriminación entre los detenidos hombres y mujeres", ya que los primeros fueron puestos inmediatamente en libertad, sin prestar declaración, así como las vejaciones de que fueron objeto las mujeres, algunas enfermas, durante su permanencia en el juzgado. Hacen constar que "a esas mujeres no se les hizo ninguna pregunta sobre los hechos que investigaba el juzgado de la muerte de una mujer", y que los abogados no supieron "en ningún momento cuál era la causa explícita de su detención", hecho que originó tensiones en algunos declarantes. Resaltan también que el pasado día 2 de diciembre las mujeres llamadas a declarar fueron citadas desde las 9.10 horas, pero el juez se presentó a las 11.30. En cuanto a la citación masiva e indiscriminada de mujeres que figuraban en las historias clínicas incautadas, denuncian el "nerviosismo colectivo" que produjo esta "implacable acción judicial".