La batalla de los vídeos comunitarios

Andalucía es sede de 200 de las 300 empresas de vídeo comunitario registradas en España. Mientras el Tribunal Supremo decide sobre su legalidad, sus promotores no se han cruzado de brazos. Por ejemplo, han colaborado en la localización de coches y personas desaparecidas, en rebajar los índices de delincuencia y en captar donante de sangre. Recientemente, la Asociación del Vídeo Comunitario (Avideco), con motivo de su tercer aniversario, realizó una gran fiesta que abarrotó los terrenos colindantes al estadio Sánchez Pizjuán, de Sevilla.

No se sabe con certeza cuándo y dónde nace el vídeo comunitario. Se supone que fue entre Sevilla y Cádiz, ciudades donde está más implantado desde hace unos tres años. Los datos de Avideco muestran que el vídeo comunitario presta en la actualidad sus servicios a 200.000 familias en la provincia de Sevilla, a 500.000 en Andalucía y a 800.000 en todo el país. A estos abonados, a cambio de una cuota que oscila entre las 500 y las 1.500 pesetas, se les ofrecen entre cuatro y seis películas diarias.Además, el vídeo comunitario, sólo en Andalucía, ha creado 8.000 puestos de trabajo directos y mantiene 10.000 indirectos, siempre según afirman portavoces de Avideco. "Vamos a cara descubierta", asegura Fernando Navarro, secretario de la asociación. "En ausencia de norma legal, nos autoprohibimos y nos exigimos muchas cosas; la asociación funciona con una estricta normativa".

Para ser miembro de Avideco se exige estar constituido legalmente como empresa -la mayoría son sociedades anónimas-, disponer de una sede social, tener en regla la licencia fiscal y las licencias de obras en las localidades donde el ayuntamiento lo exige. Los trabajadores estarán dados de alta en la Seguridad Social y al menos uno de ellos por empresa ha de ser "técnico cualificado".

Avideco asegura realizar continuas llamadas a las empresas que aún no se han adscrito a la asociación y que "prefieren seguir actuando por cuenta propia". Según Avideco, éstas se calculan, en Andalucía, en 30 o 40, aunque el número exacto es difícil de determinar y es en ellas donde se producen irregularidades.

Mientras Avideco asegura tener prohibida la emisión de películas piratas, el pasado mes de marzo fueron denunciadas irregularidades en Sevilla por 13 asociaciones cinematográficas, que acudieron a la ciudad para analizar los problemas que el video comunitario suscita a la industria cinematográfica, sobre todo en lo que respecta a la protección de los derechos de autor y a la competencia desleal.

En aquella ocasión, miembros de la Asociación de Distribuidores e Importadores Cinematográficos de Ámbito Nacional (ADICAN), aseguraron que "si no se pone remedio a la situación actual, que permite llevar a los vídeos comunitarios películas recién estrenadas, los productores cinematográficos, que cada día asumen más riesgos económicos tendrán que pensarse si el mercado cinematográfico español me rece la pena realmente".