Riotinto Minera plantea de nuevo a la Junta de Andalucía el cierre de la finca de cobre
Riotinto Minera ha planteado de nuevo a la Junta de Andalucía un expediente de regulación de empleo con el cierre de la línea de cobre. Fuentes de los accionistas de Riotinto han puesto de manifiesto la extrema gravedad de la situación por la que atraviesa la empresa, señalando que "de no tomar medidas inmediatas, evitando la sangría de dinero actual, no sólo la mina de cobre estará en peligro, sino la empresa entera".Riotinto Minera evalúa las pérdidas de su línea de cobre en 10.000 millones de pesetas para este año, lo que elevará las pérdidas de la compañía en su conjunto a 5.000 millones de pesetas. Las pérdidas de Riotinto -que en 1985 presentó ya números rojos por importe de 1.182 millones de pesetas- van a afectar negativamente la cuenta de resultados de Explosivos Riotinto, cuyos beneficios para este año, estimados a mediados de año entre 5.000 millones y 6.000 millones de pesetas, han sido ya rebajados por la gerencia de la empresa a causa de este problema.
El buen comportamiento de las otras líneas de Riotinto Minera paliará de alguna forma el desastre que supone la extracción de cobre. Así, la de oro ganará este año unos 4.000 millones, mientras que la de piritas y la fundición de cobre resultarán con beneficios muy modestos. El problema está motivado por la caída en picado hace meses ya de los precios del cobre en los mercados internacionales. Así, según los cálculos de Riotinto, el mineral que se extrae en Huelva a un precio de 300 es vendido en el mercado a un precio de 187. "Y la cifra de 300 se refiere sólo al coste de extracción".
Multa de un millón
Además de Explosivos Riotinto, el otro accionista -ambos con el 49%- es la multinacional británica Riotinto Zinc, con el 2% restante en poder de un fiduciario. La gerencia actual está en manos de los británicos hasta el año próximo, en que volverá otra vez a ERT, que volverá a tomar la mayoría con el 51%.Riotinto ya presentó en julio pasado a la Junta de Andalucía un expediente de regulación, que fue rechazado un mes después por la Administración. La empresa procedió a cerrar las líneas de cobre de Riotinto (Huelva) y Cebreiros (La Coruña), que debió posteriormente reabrir plegándose a las protestas sindicales. La Junta de Andalucía impuso a la empresa una multa de un millón de pesetas por dicha paralización "sin haberlo comunicado a la Administración". En 1982 ya se produjo un espediente de regulación temporal de empleo a causa de la caída de los precios del cobre.
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