Colegios médicos, aborto y vida

¿Qué y a quiénes defienden los colegios médicos? Esta organización adopta la defensa a ultranza de una concepción de la interrupción voluntaria del embarazo y, por ende, de la vida, que resulta de entender la maternidad como el cumplimiento de un mandato natural: un coito, un hijo. Con esta posición sólo defiende los intereses de un sector social muy determinado y hoy minoritario incluso dentro de la derecha sociológica y política de España. Este sector se corresponde con aquellos grupos sociales cuyos privilegios se sustentan en la miseria e ignorancia de las clases populares; en esta dinámica, el que estas últimas tengan un número excesivo de hijos es un factor fundamental para que los sectores a los que representa la Organización Médica Colegial perpetúen sus derechos naturales.Si los sectores populares acceden a las prerrogativas que hasta hoy ha disfrutado la clase pudiente -y una de ellas es el control efectivo del tamaño previsto y deseado de su familia-, no sólo emprenden el camino de posteriores demandas sociales, sino que rompen el círculo vicioso: exceso de hijos-ignorancia y miseria, base fundamental de la sumisión y marginación en las que las clases más reaccionarias fundan sus privilegios.

Sólo el miedo a la libertad y a que lleguen a destruirse las bases materiales de sus privilegios les hace levantar la voz, y para ser mínimamente creíbles han de identificar sus ideas con las leyes naturales y los "sagrados intereses comunes de la colectividad".

No cabe duda de que la toma de conciencia por parte del pueblo -la ruptura del círculo infernal que les condena a ser espectadores sin futuro- pasa por una sólida planificación familiar, en la cual el aborto libre y gratuito sólo es una solución excepcional a la que tienen acceso las clases dominantes desde siempre.

Para la mujeres la garantía definitiva, si bien excepcional, de romper con la condena divina de un coito, un hijo, y tiene por primera vez la posibilidad de gozar de lo que los machos han hecho siempre, es decir, del propio cuerpo, sin necesidad de tener hijos si no los desea.

La patética posición de la Organización Médical Colegial defendiendo posiciones que la misma derecha, hoy mayoritariamente de corte democrático y europeizante, no puede adoptar ante el aborto, les deja solos. En definitiva, no siendo ya portavoces ideológicos de una mayoría social, se han quedado como meros defensores de parcelas de poder, como sería manipular a su antojo el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, en sintonía con los minoritarios sectores más arcaicos, cerrados y reaccionarios.

Con ello no defienden nada más que los intereses de la oligarquía médica que controla la órganización Médica Colegial, como demuestra su oposición a medidas contra el pluriempleo (prebenda de unos miles, siendo que los médicos parados se cuentan por decenas de miles) o, más ilustrativo, su aplauso pasivo a, recientes medidas contra clínicas de planificación familiar, cosa que cualquier otro colectivo, en casos similares, jamás hubiera consentido.

Las 'razonables' peticiones

Habiendo dejado en claro la ideología e intereses que defiende, sus razones no pueden ser muy sólidas, como a continuación demostraremos. Éstas se basan en dos puntos:

1. Salud de las mujeres. La Organización Médica Colegial parte de un supuesto: "Una interrupción de embarazo fuera de un gran hospital es peligrosa". Este supuesto no se mantiene, ya que hay estudios, sobre más de 100 millones de casos en EE UU y la República Federal de Alemania, en los que no se observan diferencias, en cuanto a morbi-mortalidad, entre los realizados en grandes hospitales y consultorios hasta las 12 semanas de embarazo.

La morbi-mortalidad se relaciona con:

a) Técnica empleada: la técnica de dilatación y aspiración es menos peligrosa que las demás, y, paradójicamente, no se emplea en nuestros grandes hospitales sino excepcionalmente.

b) Experiencia del operador esto es obvio.

c) Tiempo de embarazo: hasta 12 semanas no hay diferencias entre hospitales y pequeños centros.

d) Método de anestesia: la anestesia local conlleva menor morbi-mortalidad, incluso en proporción de dos a cuatro veces inferior a la anestesia general, en igualdad de los otros factores.

Está bien claro que ante los riesgos que implica la anestesia general, ésta sólo debe ser aplicada en el medio hospitalario, único razonamiento en el que la Organización Médica Colegial acierta y que no ha sido especificado en el actual decreto-ley.

2. Comisiones de control. En tendiendo que es el tocoginecólogo el que está capacitado para controlar embarazos en los que peligra la salud de la madre y para realizar intervenciones ginecológicas de la índole que sean, es obvio que nadie debe pretender aconsejarle acerca de los criterios médico-quirúrgicos para llevar a cabo una intervención tan sencilla para él como es un legrado uterino.

Por ello, las comisiones de control sólo tendrían el único sentido de poseer un instrumento de poder, que el más elemental análisis teórico como el hasta aquí desarrollado y el estudio de su curso vital nos hace presumir sería utilizado rotundamente en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Sería algo así como escapar de Escila para caer en Caribdis o entregar a los sátiros el cuidado de la virtud de las ninfas.

En sus pretensiones por bloquear la ley no dudan en emprender la tarea de demostrar que la interrupción voluntaria del embarazo realizada fuera de un gran hospital siempre es peligrosa. Habiéndose probado que esta premisa sólo es cierta empleando anestesia general, sus fundamentos no son achacables sino a una clara mala fe o, cuando menos, a una gnorancia dolosa, muy en línea de aquellos que están dispuestos a demostrar la falsedad de los teoremas geométricos si con ello defienden mejor sus privilegios.

Una alternativa

Con la actual ley y su desarrollo queda claro que es el médico especialista, como individuo, el único capacitado para realizar un diagnóstico, pronóstico y tratamiento, y de entre ellos el más capacitado para valorar la salud de la mujer embarazada es el tocoginecólogo, y más aún considerando la salud como bienestar físico, psíquico y social (Organización Mundial de la Salud, 1970).

Así entendido, el embarazo indeseado es la más grave afectación de la salud que se puede dar en la vida de una mujer, y este pronóstico-tratamiento, en función de la ley considerada, no podrá ser cuestionado n'unca más, ni aun por otros médicos, y menos por otros colectivos, por mucho que sepan de sus respectivas materias.

Una vez resuelto por el poder legislativo el problema de la interrupción voluntaria del embarazo, incluida la autorización de centros privados, es deber inexcusable del poder ejecutivo el conseguir un aborto gratuito en la Seguridad Social, ya que si se han tenido que reconvertir cientos de miles de puestos de trabajo para adaptarnos a las nuevas condiciones de competitividad, también se puede reconvertir a unos cientos de ginecólogos que no estén a la altura de las condiciones actuales, a saber: garantizar la gratuidad del aborto a las mujeres que así lo deseen. Mientras esto no se consiga, la interrupción voluntaria del embarazo será una deuda pendiente y el paradigma de una impotencia inaceptable desde cualquier perspectiva progresista, y una claudicación intolerable.