La baja de la tarifa del IRPF será planteada en las negociaciones para la concertación social

El ajuste a la inflación de la tarifa del impuesto sobre la renta (IRPF) -una reducción que compense las subidas provocadas por las revisiones salariales- será planteado en las próximas negociaciones para la concertación social, interrumpidas durante las elecciones sindicales. En tres ocasiones el Consejo de Ministros ha estudiado la medida, sin llegar a descartarla totalmente, pese a que no aparece en los Presupuestos del Estado para 1987. El Gobierno ha estimado que costaría el próximo año algo más de 100.000 millones de pesetas, de los cuales 30.000 quedarán en manos de los contribuyentes por el aumento ya aprobado en las deducciones fijas.

Semanas después de que este periódico revelara, los proyectos de simplificar la tarifa del IRPF y acomodarla a la inflación, asunto en el que discrepaban las secretarías de Estado de Economía y de Hacienda, el Consejo de Ministros estudió dichas medidas durante el mes de septiembre en tres reuniones, según fuentes gubernamentales.Aunque ni los Presupuestos para 1987 ni las enmiendas de la mayoría socialista han recogido la iniciativa, varios ministros, preguntados al respecto, han respondido que el ajuste no está totalmente descartado.

Para la concertación

Los proyectos volverán a replantearse, según medios de Hacienda, al reanudarse las negociaciones para renovar el Acuerdo Económico y Social (AES) de 1985-1986, aplazadas durante las elecciones sindicales. El Gobierno mantiene su resistencia a participar formalmente en el pacto. Pero podría incluir entre las contrapartidas para favorecerlo un decreto-ley que ajustaría la tarifa del IRPF desde 1987, de acuerdo con las fuentes consultadas.Ya en los tanteos de finales del pasado verano para renovar el AES, la patronal CEOE y el sindicato UGT propugnaron el reajuste de la tarifa; los empresarios, con el objetivo de que compense la inflación de forma general, y el sindicato socialista, para mejorar el poder adquisitivo de las rentas salariales más bajas.

La propia mayoría socialista, al contestar a las peticiones de menores tipos impositivos del IRPF que formularon si todos los grupos de oposición en el debate de los Presupuestos del Estado para 1987, precisó que su actitud "es de sereno estudio y consideración de este tema, importante y difícil". El Grupo Popular pedía una corrección general y automática para terminar con el impuesto invisible que supone el efecto de la inflación sobre la tarifa, mientras que los demás pretendían elevar el mínimo exento desde las actuales 500.000 pesetas a 550.000 (Minoría Catalana), 700.000 (también el Grupo Popular) y a 750.000 (PDP e Izquierda Unida). Éste último solicitó, además, suprimir las retenciones a los ingresos anuales inferiores a 700.000 pesetas.

El portavoz socialista en el debate presupuestario, Francisco Fernández Marugán, declaró: "El día que abordemos el tema lo haremos fundamentalmente por el tipo de medidas de naturaleza discrecional, puesto que inducen y provocan menos rigideces que el de las medidas automáticas, pero queremos analizarlo con serenidad".

Países que aplicaron las técnicas de ajuste automático a la inflación, como Australia, Dinamarca y Suecia, las suprimieron totalmente en 1983. Igualmente, Canadá y Holanda las desmontaron parcialmente. Sólo Suiza y Estados Unidos las aplicaron en 1985. El Gobierno prefirió no incorporar tarifa alguna al proyecto de presupuestos de 1987 -es la segunda vez en ocho años que ocurre esto- y repetir la aplicada con carácter retroactivo a 1985 por la última reforma parcial del IRPF.

Aquella bajada ha costado al Tesoro cerca de 140.000 millones de pesetas, aunque benefició casi exclusivamente a las rentas inferiores al millón de pesetas, que aun así apenas han sido compensadas de la inflación, según se apunta en el gráfico adjunto. Las rentas superiores han sido castigadas por la inflación y por las cuatro subidas consecutivas de tipos en los años 1981-1984.