Garaikoetxea pide a Ardanza que tome en serio la implicación de 'ertzainas' en las escuchas

Carlos Garaikoetxea recomendó ayer al lendakari José Antonio Ardanza y al consejero de la Presidencia y de Justicia, Juan Ramón Guevara, que se preocupen seriamente por el hecho de que una persona con responsabilidad en el Gobierno y dos policías autonómicos aparezcan implicados en el auto judicial instruido por la intervención telefónica ilegal de que fue víctima. El líder de Eusko Alkartasuna (EA) salió así al paso de las declaraciones en las que Ardanza y Guevara descalificaron en duros términos sus manifestaciones anteriores sobre la supuesta implicación de estos funcionarios en el escándalo de las escuchas.

Fuentes policiales confirmaron ayer que los dos ertzainas que penetraron en la subcentral de Zarauz el pasado 18 de agosto son Juan Miguel Campoy Amores, miembro de la brigada del juego de la Ertzantza, y Martín Ramos Epalza Solano, adjunto a la viceconsejería de seguridad de la policía autónoma. El tercer implicado, Xabier Aguirre, hermano de Iñigo Aguirre, el candidato que encabeza la lista del Partido Nacionalista Vasco (PNV) por Vizcaya, ocupa el cargo de jefe de la red de comunicaciones del Ejecutivo vasco. Estas tres personas penetraron en la subcentral telefónica de Zarauz entre las 15.00 y las 16.30 horas del 18 de agosto.El grupo cumplió esa tarde con la orden judicial que les autorizaba a intervenir en la misma subcentral el teléfono de una persona sospechosa de traficar con drogas.La periodista Charo Zarzalejos afirmaba, por su parte, ayer, en una información publicada por El Diario Vasco, de San Sebastián, que uno de los ertzainas implicados ha anunciado que "cuando llegue el momento, si llega" , alegará "obediencia debida". Este dato corrobora las informaciones en las que se apuntaba que algunos de los implicados declararon en el juzgado haber actuado siguiendo instrucciones de sus superiores jerárquicos. La Audiencia Provincial de San Sebastián, que permanecía ayer a la espera de recibir el auto remitido por el juzgado de Azpeitia, no adoptará ninguna decisión sobre el eventual procesamiento de los implicados hasta después de las elecciones.

En sus declaraciones, Garaikoetxea destacó que el juzgado de Azpeitia señale textualmente en el auto, ya comunicado a las partes, que "de las actuaciones practicadas se desprende que los hechos pueden ser constitutivos de un delito contemplado en el artículo 192 bis del Código Penal", que sanciona las intervenciones telefónicas ilegales cometidas por los funcionarios públicos o sus agentes.